El presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna y secretario general de la Federación de Entidades Locales Menores de León, Carlos González-Antón, ha expuesto esta mañana la situación judicial del conflicto por el aprovechamiento de pastos en el Puerto de Pinos, en el municipio leonés de San Emiliano, explotado desde hace un siglo por Mieres.

"El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Mieres (Asturias) frente a la sentencia que declara que toda la actividad que desarrolla dentro de San Emiliano es ilegal porque carece de competencias para ello y, además, debe cesar", ha celebrado el abogado, y recoge Miriam Badiola de la agencia Ical.

Para González-Antón, la resolución del alto tribunal supone "un triunfo del Estado de Derecho". En la convocatoria del Ayuntamiento de San Emiliano y sus juntas vecinales a los medios de comunicación, su representante legal ha sido muy claro en su valoración del caso. "Toda actividad ganadera desarrollada por Mieres en la montaña Babia es tan ilegal como plantar coca o fabricar metanfetamina", ha sentenciado.

Además, el letrado ha acusado al consistorio de actuar "de forma tramposa", ya que, asegura, ha intentado convertir el monte público en bienes patrimoniales para "adjudicar los pastos a una asociación de ganaderos".

El Ayuntamiento de Mieres sacó a información pública el procedimiento el 24 de diciembre, en periodo vacacional y sin notificar a los interesados. Por este motivo, el Consejo Consultivo asturiano paralizó el expediente hasta cumplir con todos los requisitos administrativos necesarios para su tramitación.

Desde San Emiliano y la Federación de Entidades Locales Menores de León, señalan que la única intención del procedimiento es "evitar el cumplimiento de las sentencias de los juzgados de Oviedo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el Tribunal Supremo". Temen que los mierenses "van a tener la voluntad de permitir que pasten los ganados en el Puerto de Pinos, a pesar de la ilegalidad, y de que van a emplear todas las estratagemas para ellos".

Ante esta perspectiva, en Babia han advertido que utilizarán la vía judicial para que se cumplan las sentencias y evitar lo que supondría una "clara prevaricación". "Son conscientes de que están actuando de manera ilegal desde hace décadas", y este año, desde las juntas vecinales de San Emiliano, hay una "firme determinación" de impedir que suba el ganado asturiano a la zona, ha trasladado González-Antón.

Confían en que, después de la victoria en el Supremo, la Administración autonómica se decida a intervenir. En este sentido, han pedido a la Junta de Castilla y León que "no dé ningún tipo de autorización para pastar en los puertos de Babia".

La Consejería de Presidencia, "es quien tiene que decir que Mieres no tiene capacidad ninguna para actuar fuera de su término municipal", ha insistido el representante de las juntas vecinales leonesas, al tiempo que ha llamado al Gobierno de la Comunidad a ser su "aliado" y "firme defensor" en el conflicto.

"Hemos normalizado algo que, por el hecho de que haya tenido muchos años de trayectoria, es absolutamente ilegal", ha reiterado Carlos González-Antón.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mieres ha mostrado su disconformidad con la decisión del Tribunal Supremo, que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En un comunicado de la corporación mierense recogido por EFE, se aboga por un uso "razonable y sostenible" del Puerto de Pinos. El consistorio señala que el conflicto judicial proviene de hechos ocurridos hace décadas y que forman parte del pasado, al tiempo que dice querer evitar "polémicas estériles".

El Gobierno municipal considera "esenciales" las tierras de Babia para cientos de ganaderos del concejo asturiano, y reivindica que los terrenos son de su propiedad "como reconocen todas y cada una de las sentencias". Desde Mieres han anunciado que su objetivo es seguir desarrollando la actividad "con responsabilidad, buena fe y de acuerdo con la normativa vigente".