El Observatorio de la Dependencia de 2025 situó a Castilla y León en el segundo puesto, por detrás de Castilla-La Mancha, en la atención y gestión en materia de dependencia, tras perder el liderazgo. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales otorgó a la Comunidad una puntuación de 7,5 sobre diez, por lo que bajó ocho décimas, después de haber alcanzado en el anterior estudio un 8,3 por ciento. Por el contrario, Castilla-La Mancha descendió del 8,3 al 8,2 por ciento, que le permite estar a la cabeza en solitario. En todo caso, Castilla y León registra el menor tiempo medio de resolución de la ayuda, con 113 días frente a los 341 de la media nacional.

Así lo refleja el XXVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia recogido por Ical, que tras Castilla y León y Castilla-La Mancha, colocó a Andalucía Galicia, con una nota de 6,7, en cada caso, seguidas de la Comunidad Valenciana (5,7) y Aragón (5,2). El resto de territorios suspendió, con Extremadura (2,2) y Murcia y Cataluña (3,2) a la cola nacional. La media nacional se situó en el 4,8.

Entre sus datos, el informe destaca que Castilla y León obtuvo la mejor puntuación en cuatro de los veinte indicadores como integración en la red de servicios sociales básicos, los sistemas de información en tiempo real y modelo de seguimiento sistematizado, los empleos directos vinculados al sistema de dependencia por millón de euros de gasto públicos y el tiempo medio de resolución de la ayuda. 

No en vano, el documento destaca que la Comunidad es la que menor tiempo emplea en atender a una persona dependiente, con una media de 113 días cuando el tiempo medio de espera en el conjunto del país es de 341 días.

Por lo tanto, la tasa de personas con derecho ya reconocido, pero a la espera de servicio o prestación efectiva sobre el total de dependientes fue del cuatro por ciento mientras que los usuarios en el 'limbo' de dependencia y personas a la espera de dictamen de grados se quedó en el 4,8 por ciento. En el global de España, la variación del limbo de la dependencia aumentó un 4,5 por ciento mientras que bajó un 49,4 por ciento en Castilla y León.

Un total de 258.167 personas está a la espera de ser atendidas en las distintas fases del procedimiento, de los que 7.875 son de Castilla y León aunque otras comunidades tienen números muy superiores como Cataluña (82.000), Andalucía (40.000) y Valencia (29.000). La asociación subrayó que al ritmo del último año se tardaría más de una década en alcanzar la plena atención en el país. 

El informe revela que en 2025, un total de 392 personas de Castilla y León fallecieron en lista de espera sin poder ser atendidas. De ellos, 362 estaban pendientes de grado y 30, a la espera de recibir la ayuda. En España, fueron 32.704 muertos en la lista de espera. 

4.418 euros de gasto público por dependiente

El promedio de gasto público por persona dependiente en Castilla y León se sitúa en 4.418 euros y se mantiene alejado de la media nacional, que se eleva hasta los 6.015 euros. Y es que el esfuerzo financiero público es muy desigual, ya que varía entre los 4.020 euros de Aragón, 4.045 euros de Asturias y los 7.537 euros de La Rioja, los 6.567 euros del País Vasco o los 6.432 euros de Castilla-La Mancha. Es decir, la Comunidad está la tercera por la cola en gasto público por beneficiario.

Por el contrario, prosigue Ical, el gasto público por habitante se sitúa en 228,7 euros, frente a los 194 euros de promedio de gasto del resto de comunidades. 

Además, se mantiene la tendencia al alza de las prestaciones vinculadas al servicio que el Observatorio detecta en los últimos años, aunque con excepciones en algunos territorios donde se registran descensos. Destacó el caso de Castilla y León, donde vuelve a producirse una reducción significativa (-3.570). A esta comunidad se suman este año Andalucía (-875) y Cataluña (-1.138). Todo ello se produce en un contexto en el que el crecimiento neto del conjunto de las comunidades autónomas alcanza las 20.113 nuevas prestaciones vinculadas, lo que supone tres puntos porcentuales más que en 2024. 

De la misma manera, se aprecia que la prestación económica vinculada a servicios, que representa el 10,2 por ciento de los servicios y prestaciones del sistema en España, ofrece ventajas a la administración en el sentido de dar alta cobertura con relación a su coste real. En el análisis por comunidades autónomas del Observatorio se ve cómo los territorios que han optado por favorecer esta prestación económica están obteniendo aparentemente mejores ratios de cobertura, de creación y mantenimiento del empleo y de generación de retornos. Son los casos de Extremadura, donde la prestación vinculada representa el 45,3 por ciento del total; en Castilla y León, el 26,4 por ciento y en Canarias, el 38,6 por ciento.