La Junta de Castilla y León ha dado luz verde al proyecto de infraestructuras turísticas en el entorno del embalse de Riaño, en León, promovido por la Fundación Patrimonio Natural, al emitir una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable tras un análisis ordinario solicitado por el propio promotor.

La resolución, firmada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez‑Quiñones, y publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), concluye que la actuación es compatible con los valores de los espacios protegidos sobre los que se asienta, siempre que se cumpla un amplio paquete de medidas preventivas y correctoras.

El proyecto plantea la creación de un recorrido peatonal de seis kilómetros que partirá del aparcamiento de la N‑621, a un kilómetro de Riaño, y permitirá acceder al valle de Anciles a través de una sucesión de sendas nuevas y acondicionadas, con tramos adosados a las paredes calizas del embalse.

Entre los elementos más singulares destacan una pasarela metálica de unos 300 metros, integrada en la roca, y un puente colgante de 250 metros de longitud cimentado a más de 25 metros sobre el nivel del agua, lo que garantizará el paso de embarcaciones de mástil.

La actuación incluye también una escalera metálica de 85 metros, un mirador a 1.230 metros de altitud y la construcción de un embarcadero flotante que permitirá enlazar la ruta con trayectos en barco por los conocidos "fiordos leoneses".

Toda la infraestructura se localiza dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y del espacio Red Natura 2000 ZEC/ZEPA Picos de Europa en Castilla y León.

Pese a esta coincidencia territorial, el informe de la Dirección General de Patrimonio Natural concluye que las actuaciones no causarán perjuicio a la integridad de los espacios protegidos, siempre que se respeten las condiciones incluidas en la declaración.

El análisis descarta asimismo impactos relevantes sobre el Plan de Recuperación del oso pardo y sobre las zonas de protección del urogallo, dado que las áreas críticas de ambas especies se sitúan "bastante alejadas" de la intervención.

También se identificaron taxones de flora catalogada, como Inula langeana y Santolina semidentata, cuya protección queda garantizada mediante medidas específicas de supervisión y delimitación previa al inicio de obras.

El expediente se sometió a información pública en junio de 2025 y recibió alegaciones del Grupo para la Defensa y Estudio de la Montaña Oriental Leonesa (GEDEMOL), que cuestionó la viabilidad ambiental del proyecto y solicitó una declaración desfavorable.

Sin embargo, la Junta consideró que el estudio de impacto ambiental y la documentación complementaria aportada por el promotor responden adecuadamente a las objeciones planteadas y no justifican una reevaluación completa, al no implicar cambios sustanciales en los efectos previstos.

Además de esta alegación, se consultó a múltiples administraciones e instituciones, entre ellas la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que advirtió de que parte de las infraestructuras se ubican en zona de policía del embalse y en la cota de máxima crecida, lo que exige autorizaciones específicas y condicionantes adicionales para evitar afecciones al dominio público hidráulico.

El documento final incorpora un conjunto extenso de medidas que regulan todas las fases del proyecto. Durante la construcción se establecen restricciones temporales estrictas para evitar molestias en periodos de nidificación de aves rupícolas y se prohíbe el uso de maquinaria en determinadas fechas y radios de influencia.

También se fijan criterios de integración paisajística que obligan a emplear colores apagados y materiales no reflectantes en plataformas, barandillas y escaleras.

La declaración tendrá una vigencia de cuatro años: si en ese plazo no comienzan los trabajos, quedará sin efecto salvo prórroga expresa solicitada por la Fundación Patrimonio Natural.