La comercialización online de viviendas turísticas ilegales se encuentra cada vez más acotada. Desde el 1 de julio, las principales plataformas como Airbnb y Booking han comenzado a eliminar de sus catálogos aquellos alojamientos que no muestran el número de registro obligatorio.

El Ministerio de Vivienda calcula que existen en torno a 54.000 anuncios irregulares en circulación, muchos de ellos publicados en varias webs a la vez. La mayoría corresponden a propietarios que solicitaron un registro pero no lo obtuvieron al no cumplir los criterios exigidos por la normativa.

La titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha celebrado la colaboración de las plataformas y asegura que el proceso de retirada se está realizando de manera efectiva.

Solicitudes y revocaciones

Desde que el registro estatal de alquileres de corta duración comenzó a funcionar el 1 de enero, se han presentado 336.500 solicitudes. Más del 78 % fueron para uso turístico, aunque aproximadamente un 20 % acabaron revocadas.

Entre las ciudades con más códigos anulados destacan Sevilla (2.289), Marbella (1.802), Barcelona (1.564), Málaga (1.471) y Madrid (1.257). También figuran en la lista municipios como Benalmádena (926), Adeje (765), Valencia (731), Torrevieja (700) o Fuengirola (686).

Según el INE, España cuenta con 381.837 viviendas turísticas, principalmente en Andalucía (96.176), Comunidad Valenciana (63.190), Cataluña (56.851) y Canarias (50.686).

La postura de las plataformas

Airbnb afirma que las exigencias de registro no han impactado significativamente en su negocio. Desde enero, 70.000 anuncios adicionales han incluido su código, y menos del 10 % de los registros rechazados siguen activos. La compañía asegura que trabaja para dar de baja los pendientes e insiste en la necesidad de concienciar a los anfitriones.

Por su parte, Booking subraya que ha cooperado con el Ministerio de Vivienda para ajustar toda su oferta a la ley y recalca su disposición a seguir colaborando con autoridades nacionales y autonómicas.

El TSJM también respalda esta línea: recientemente validó por segunda vez la obligación de que Airbnb eliminara 34.728 viviendas sin licencia detectadas a finales de 2024.

Alquiler residencial

El Ejecutivo mantiene como objetivo que parte de estas viviendas retornen al mercado residencial, presionado por la falta de oferta, la escalada de precios y las dificultades de acceso para jóvenes y colectivos vulnerables.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) advierten que una solicitud incompleta o un expediente revocado no equivale automáticamente a una actividad ilegal. Acusan al Gobierno de excederse en sus competencias y de haber convertido a propietarios y pymes en el "chivo expiatorio" del problema habitacional, sin ofrecer las garantías jurídicas necesarias.