El Juzgado Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la presente ordenanza de tratamiento y eliminación de residuos del Ayuntamiento de León por la que el Gobierno municipal preveía recaudar 11,6 millones de euros.

El fallo, que llega con la recaudación comenzada tras el primer giro de recibos por sede electrónica, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado marzo por Escuelas Católicas en el que se argumentaba que las ordenanzas municipales "plantean fórmulas de cálculo de la cuota que solo tienen en cuenta aspectos que no demuestran la capacidad de generación de residuos del sujeto pasivo (superficie), lo que se traduce en liquidaciones injustas y contrarias a derecho".

En concreto, la tasa anulada que se aprobó con los votos del PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) establecía tarifas anuales de 31,95 euros para las viviendas de menos de 50 metros cuadrados, 62, 53 euros para las que tienen entre 51 y 100 metros cuadrados, y 103,19 euros para la mayoría de los domicilios de la ciudad, con dimensiones entre 101 y 200 metros cuadrados. La tasa ascendía a 189,46 euros para los inmuebles más grandes, entre 201 y 500 metros cuadrados.

El TSJCyL ha tumbado ahora la normativa aprobada en octubre de 2024 por considerar "arbitrarios" el informe económico y el criterio de establecimiento de la cuota. La nulidad de pleno derecho de la ordenanza se ratifica al resolver los magistrados que el Consistorio no cumplió con el plazo necesario de 30 días hábiles de exposición pública.

La sentencia del 18 de septiembre de 2025 admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá formalizarse en un plazo de 40 días desde la notificación.

El portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de León, David Fernández, ha exigido "explicaciones y responsabilidades inmediatas" al alcalde, José Antonio Diez, y ha asegurado que no le sorprende el fallo del Alto Tribunal, ya que la nueva ordenanza era "injusta y no equitativa, que no grava a quien más residuos genera".

Por su parte, la asociación de consumidores y usuarios Facua insiste a los contribuyentes en que recurran todos los recibos que les lleguen. La problemática de la tasa de basuras de la capital no se limita a la nulidad de la presente normativa, el Gobierno municipal también habría comenzado a girar recibos de esta cuota de 2024, incluidos en la tasa de 2025, donde se sumaban los servicios de Gersul, que gravan por el tratamiento de basura, y la cuota por la recogida de residuos. "Si decidieran admitir la nulidad de 2025 y aplicar la de 2024, vamos a defender que mientras no se está de alta en el padrón de un tributo, no se puede cobrar pues se vulnera el derecho de ser informados y el derecho de defensa, por más que el hecho imponible se haya generado", defiende el organismo.

Por su parte, el equipo de gobierno de Diez planea atacar el fallo del TSJCyL, sin recurrir al Supremo, y de ese modo, volver a las ordenanzas fiscales de 2024. La disposición adicional de la normativa indica que en "caso de anulabilidad o nulidad de pleno derecho se recobrará automáticamente la vigencia" de las tasas derogadas con efectos de 31 de diciembre de 2024. Con esta acción, buscarían proceder al cobro de 5,1 millones de euros del ejercicio pasado y evitarían el riesgo de devolución de los más de 11 millones de euros de la recaudación prevista para 2025.