El secretario general de CCOO Industria en Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, pidió este lunes que "se respete la voluntad de los trabajadores" de Azucarera que, hasta el momento, avalan en un 75 por ciento de media, tras las diferentes asambleas celebradas, el preacuerdo alcanzado con la empresa en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo. Hasta la fecha, se ha aprobado en las plantas de La Bañeza, con más del 63 por ciento de los votos a favor; en Benavente, con el 94 por ciento, y en Miranda de Ebro, con el 75 por ciento, publica Ical. 

Un preacuerdo alcanzado el pasado miércoles en Madrid y que fue firmado por doce representantes de CCOO, UGT y la Unión Sindical Obrera, mientras que "el único que no lo firmó" fue el presidente del comité de empresa de La Bañeza, Benigno Pérez, también de UGT, quien "dice que CCOO no ha apoyado en ningún momento la lucha contra el cierre de la planta leonesa y que lo único que ha hecho es negociar un ERE", algo "totalmente falso", ya que el sindicato "ha estado desde el primer momento en todos los movimientos que se hicieron y también fue quien solicitó la intervención de la Fundación Anclaje".

Brezmes recordó que este preacuerdo rebaja a 194 las 251 salidas planteadas desde el inicio y se asegura de que "no haya salidas traumáticas", sino que "pueda haber traslados o prejubilaciones para todo el personal". En la parte económica, permite que el personal con más de 58 años perciba tres anualidades completas, dos para más de 60 años y una para a partir de 62 años.

Así, plantea una "salida digna para el personal de una determinada edad por las dificultades que tiene para incorporarse al mercado laboral", mientras que para el resto del personal ofrece "bajas incentivadas con 29 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades o traslados con incentivos tanto a la mudanza como para ayudas a la renta, con unos 46.800 euros para Toro y 62.600 para Miranda de Ebro o Jerez".

"La parte amarga que nos queda y con la que no podemos estar satisfechos es el cierre de la planta de La Bañeza", reconoció en declaraciones publicadas por Ical el secretario autonómico de CCOO Industria, quien se comprometió a "seguir trabajando con Anclaje, las administraciones y todo aquel que quiera sumarse en reindustrializar la planta de La Bañeza para que no quede en una pequeña Chernóbil".

Respecto a dicha planta, sobre la que "Azucarera en ningún momento habla de un cierre y dice que van a quedar unas 20 personas", CCOO Industria CyL sí que considera que "va a ser un cierre", de forma que los trabajadores "se quedarán por lo fabricado hasta el día de hoy y para encargarse del desmantelamiento".

Frente a las acusaciones realizadas por parte de UGT, Brezmes consideró que "hay cerrar el capítulo" porque "nadie entendería que los sindicatos se estuvieran enfrentando de forma permanente", de manera que "si a alguien se le han olvidado para qué está aquí, tendrá que rendir cuentas a la gente a la que representa", ya que "la decisión la ha tomado Azucarera y a partir de ahí se ha trabajado para evitar el cierre y conseguir las mejores condiciones".

"No estamos para colaborar en los cierres, estamos para evitarlos", remarcó el secretario general de CCOO Industria CyL, consciente de que "la legislación laboral actual ha pesado como una losa en la negociación", de forma que hizo un llamamiento a que "quien tenga otros intereses, ya sean personales o políticos o personal, lo diga claro".

Irregularidades en la asamblea

Por su parte, el secretario general de CCOO Industria en León, José Javier Freire, aludió a la denuncia hecha por UGT sobre presuntas irregularidades en la asamblea de la planta de La Bañeza, donde se acusó de "haberla hecho de malas formas y sin avisar a la plantilla".

Frente a ello, quiso dejar claro que "el día antes de la asamblea se avisó a la totalidad de la empresa nada más haber alcanzado el preacuerdo", mientras que señaló la posibilidad de "movimientos tramposos por la otra parte" que "celebró una asamblea antes y que intentó convencer a la gente de que era precipitada y tenía que hacerse el lunes" cuando "retrasar la votación no era entendible".

También se quejó UGT de que la votación se hizo mediante una caja, a pesar de que "no hay nada escrito que diga cómo se tiene que votar en una asamblea", ya que "en algunas ocasiones se ha hecho hasta a mano alzada".

Ante la denuncia del sindicato en la Inspección de Trabajo por la asamblea, Freire insistió en que la votación se hizo "totalmente legal", con la asistencia de unos 80 trabajadores de los 140 afectados. "Si alguien se quiere enredar en procedimientos largos, costoso y que van a crear intranquilidad, cada uno sabrá, pero la impugnación es algo con muy pocas probabilidades de salir adelante, porque se ha sido cuidadoso y escrupuloso con las formas", concluyó.