El apagón reaviva el debate sobre prorrogar las nucleares mientras las eléctricas exigen rebajas fiscales

Las empresas propietarias de Almaraz estudian solicitar una extensión del calendario de cierre, condicionado a una menor carga impositiva

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El apagón reaviva el debate sobre prorrogar las nucleares mientras las eléctricas exigen rebajas fiscales
Central nuclear de Garoña.
Marta Garijo
Lectura estimada: 4 min.

El cero energético que hizo que la península se quedara sin luz durante horas el pasado 28 de abril avivó el debate sobre una posible prórroga del cierre de las centrales nucleares, que tiene a Almaraz como primera afectada en 2027, aunque por ahora sigue sin haber una propuesta formal de las empresas propietarias.

Con las causas del apagón todavía sin resolver, y una investigación que puede durar meses, la posible prolongación del calendario de cierre de las centrales nucleares sigue en el foco, y las empresas energéticas reiteran su petición de una rebaja en la fiscalidad, a la espera de decidir si realizan una petición formal para solicitar una prórroga.

Según fuentes conocedoras consultadas, las empresas propietarias de la central extremeña -Iberdrola, Endesa y Naturgy- barajan celebrar una reunión en junio, que estaba prevista para finales de mayo.

En este encuentro, para el que no hay una convocatoria fijada todavía, se pueden plantear los estudios para la viabilidad de una prórroga, según señalan las mismas fuentes. "Más pronto que tarde haremos la petición formal, no la informal, que ya la hemos hecho en muchos sitios", señaló José Bogas, consejero delegado de Endesa, la semana pasada en una intervención.

El calendario para el cierre escalonado de las centrales nucleares, que se pactó en 2019 entre la sociedad pública Enresa y las empresas propietarias, establece que la central de Almaraz sea la primera afectada.

Almaraz cuenta con dos reactores. El cierre de Almaraz I está previsto para noviembre de 2027 y el de Almaraz II para octubre de 2028.

La sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) es la propietaria tanto de la central de Almaraz, como de la de Trillo (Guadalajara), con una propiedad compuesta por un 52,7 % de Iberdrola, un 36 % de Endesa y un 11,3 % de Naturgy.

La postura de las eléctricas

En los últimos meses han aumentado las intervenciones en defensa de la energía nuclear y otras relacionadas con una rebaja de los impuestos que pagan, no solo por parte de las empresas, sino también con intervenciones de la patronal, políticos o asociaciones locales.

Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola, en un foro organizado por Expansión la semana pasada, se preguntó si se van a enterrar los 50.000 millones de euros de inversión en nucleares en este momento. "En este evento que acabamos de vivir (en referencia al apagón), si hubiéramos tenido las nucleares funcionando al 100 % hubiéramos tenido menos riesgos de haber llegado al lugar donde llegamos", aseguró Ruiz-Tagle.

Respecto a una posible petición de prórroga, Ruiz-Tagle señaló que el problema para la compañía es "netamente económico", porque, según dijo, "es imposible sostener un aumento de tasas del 70 %".

Una reivindicación fiscal que reiteró el presidente de Endesa, José Bogas, que señaló en el mismo foro que el problema de la energía nuclear es que no es rentable porque las cargas fiscales se "han incrementado un 70%" de 2019 a 2025.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Naturgy, Fernando Reynés, pidió alargar un permiso técnico para Almaraz, como el resto de las centrales y repensar el calendario, al entender que lo primero es pedir esta miniprórroga y sentarse a dialogar.

La fiscalidad de las nucleares

Las empresas propietarias de las centrales nucleares en España -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- reclaman una reducción de la factura fiscal de las centrales, donde engloban tanto la conocida como tasa Enresa, como impuestos autonómicos o locales.

Esta tarifa fija sirve para sufragar los costes de gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos generados en las centrales nucleares en explotación, así como su futuro desmantelamiento y clausura al final de su vida útil.

Las empresas rechazaron la última subida del 30 % de la tasa Enresa, que se incrementó tras los cambios introducidos en el 7º Plan General de Residuos Radioactivos.

Las empresas hacen referencia a que además pagan otros impuestos, según recoge un informe de PwC, como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el de producción combustible nuclear gastado o lo que denominan como "ecotasas", en referencia a los tributos de las comunidades autónomas por razones medioambientales.

En sus cálculos, según el mismo informe, también incluyen otros como el IBI, IAE, tasa Guardia Civil, tasa Consejo de Seguridad Nuclear, etc.

En una reciente intervención, Gonzalo Araluce, presidente de Foro Nuclear (la asociación que agrupa a la industria nuclear en España, calificó de "altísima" la fiscalidad de este tipo de centrales y reivindicó una "rebaja fiscal" para hacer viables las nucleares.

Por su parte, el Gobierno ya mostró su intención de que una negociación de la prolongación de la vida de las centrales nucleares no suponga un lastre para el bolsillo de los consumidores.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, señaló durante su intervención en el Congreso para exponer la información tras el apagón masivo que "lo que quieren estas grandes empresas energéticas, propietarias de las centrales nucleares, es que sea la clase media trabajadora y no ellas quien pague el coste de prolongar la vida de estas centrales nucleares".

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