La Consejería de Sanidad de Castilla y León está trabajando en la creación de un registro de profesionales sanitarios que opten por ejercer su derecho a la objeción de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Esta medida se implementa tras la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se produjo hace dos años. Con esta acción, la comunidad se alinea con otras autonomías como Murcia, La Rioja, Cantabria, Canarias y Cataluña, que también han creado registros similares.

El principal objetivo de este registro es gestionar de manera eficaz la prestación de la IVE, asegurando que los profesionales no sean discriminados, tanto si son objetores como si no lo son. La idea es evitar que los médicos no objetores se vean obligados exclusivamente a realizar interrupciones de embarazo, mientras que los objetores no sufran estigmatización por su elección personal.

Este registro incluirá a los profesionales que participen directamente en la realización de IVE en centros acreditados. El acceso a los datos será limitado a personal encargado de gestionar y organizar los recursos humanos de la comunidad relacionados con esta práctica.

De acuerdo con la legislación nacional, el registro también tendrá en cuenta las objeciones totales y parciales de los profesionales sanitarios, detallando los supuestos específicos a los que se oponen. Los datos de los registros estarán protegidos y no se compartirán entre comunidades autónomas.

Según los últimos datos, Castilla y León registró en 2023 un total de 3.096 interrupciones voluntarias del embarazo, con un aumento respecto al año anterior. Las mujeres de entre 20 y 29 años fueron las más numerosas en este proceso, y la tasa de interrupciones alcanzó los 8,66 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. La mayor parte de los procedimientos se llevaron a cabo en centros extrahospitalarios, con el sector privado concentrando la mayoría de estas intervenciones.

Este registro será un paso importante para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo en la región, respetando los derechos tanto de las mujeres como de los profesionales de la salud.