El campo español ha explotado y este estallido de protestas le quema en las manos al Gobierno de España. Es cierto que buena parte de política agroalimentaria reside en la soberanía de Bruselas, a donde viajan con frecuencia ministros o responsables autonómicos del ramo, conscientes de su debilidad ya que la normativa europea es muy estricta.

Las protestas en ciudades y carreteras han despertado un instinto de empatía, hasta que el trastorno de los cortes en la circulación afecta a una ciudadanía que ya mira hacia los políticos. Resulta curioso que la primera reacción del Gobierno haya sido buscar el origen de estas tractoradas con el único de objetivo de encontrar un culpable con siglas. Evidentemente, todas las miradas se han centrado en VOX, el partido más aglutinador de las sensibilidades agrarias que respalda las movilizaciones aunque asegura que no tiene nada que ver con ellas.

El Gobierno de España ha intentado ponerse de perfil, especialidad de un ministro serio como Luis Planas. Pero la situación es demasiado grave como para esquivar las reivindicaciones más evidentes del colectivo. La Política Agraria Común, aquello que todos conocemos como la PAC y que emana del parlamento europeo, es cada vez más exigente y agricultores y ganaderos se quejan además de la excesiva burocracia representada en la implantación del cuaderno digital o en la petición de liberar terrenos de barbecho. Estas son algunas de las reivindicaciones que van subidas estos días en el tractor de la desesperación. Todo esto unido a situaciones complicadas en territorios donde la sequía hace estragos, forzando a buscar soluciones adecuadas a cada necesidad puntual.

La competencia europea exige mayor claridad en los etiquetados, pero los productores españoles no le pueden poner precisamente puertas al campo. Las grandes superficies tienen la libertad de trabajar en aquellos mercados que consideren más importantes para sus objetivos de venta. Por eso, el consumidor necesita saber qué producto está comprando, su origen y la trazabilidad que ha recorrido hasta llegar a los lineales.

La situación es compleja. Tanto, que ha eclipsado los vaivenes jurídicos que está dando la Ley de Amnistía, convertida en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Sánchez tras el primer revés en las Cortes. Los socios catalanes no aflojan. En realidad nunca han negado que su apoyo no era para garantizar una estabilidad de Gobierno. A ritmo de tractor por las calles, quizá haya que pensar en una investidura que se dirige hacia un terruño de barbecho. La crispación del campo afecta también a toda la cadena alimentaria. Acostumbrado a acoplarse a las diferentes situaciones que se presentan por mor de aquellos pactos con imposiciones inauditas, el sector primario no estaba entre las preocupaciones prioritarias de este Gobierno al que le ha salido una inesperada piedra en el zapato que altera por completo su hoja de ruta.