El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, garantizó este miércoles el mantenimiento de los puntos de atención continuada de la Zona Básica de Sahagún (León), después de la polémica surgida en torno a las urgencias en esta área y que incluso llegó esta semana al Pleno de las Cortes.

Al respecto, Vázquez recibió este miércoles a la alcaldesa de Sahagún, Paula Conde, con el objeto analizar la situación y "confirmar que no existe ninguna intención de disminuir" puestos de atención continuada en el centro de salud de este municipio de la provincia, según un comunicado de la Junta recogido por Ical.

Durante el encuentro se ha comentado la situación de los 22 puntos de Atención Continuada del Área de Salud de León, los profesionales sanitarios disponibles, así como las posibilidades de contratación de otros, "confirmando que no se va a modificar la planificación seguida hasta ahora en Sahagún".

Otro punto abordado ha sido el relativo a la obra del nuevo centro de salud, capítulo en el que Vázquez recalcó el compromiso de la Consejería de Sanidad con la ejecución de las obras.

En este sentido, expresó que ante los retrasos cuya "responsabilidad exclusiva es de la empresa contratista", la Consejería de Sanidad, "como perjudicada y en defensa del interés público", apuesta por emplear todas las herramientas disponibles en la normativa vigente para la resolución del contrato y la nueva licitación de la obra con la mayor premura posible.

Por parte de la adjudicataria, el motivo expuesto para no proseguir con el proyecto es el alza generalizada de los precios, que también afecta al costo de los materiales de construcción. Para hacer frente a esta situación, la Junta de Castilla y León solamente puede aplicar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, norma de ámbito estatal.

Como paso previo a la vuelta a la actividad, se expresó que se impulsará la redacción del proyecto de finalización, requisito necesario antes de que se proceda a la vuelta a los trabajos, mientras que en paralelo se avanzará en la resolución del anterior contrato que exige de manera preceptiva el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León.