VOX recurre ante el Tribunal Superior la prohibición de manifestarse el día 23 en las capitales Castilla y León

Manifestantes en Salamanca (Foto: Arai Santana)

Cree que las razones expuestas "carecen de sentido" porque al ser una manifestación en vehículos "se mantienen forzosamente las distancias de seguridad con los viandantes y el resto de los manifestantes". 

Tras la respuesta de las Subdelegaciones de Gobierno de Castilla y León, prohibiendo la celebración de las manifestaciones en coche convocadas por VOX el sábado 23 de mayo, y en vista de las razones son por una cuestión de salud pública tras los informes favorables a dicha prohibición remitidos por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, los representantes de VOX de Castilla y León en el Congreso de los Diputados Pablo Sáez (Valladolid); Georgina Trías (Ávila); Pablo J. Liste (León); Víctor González (Salamanca); Rodrigo Jiménez (Segovia); y Pedro Jesús Requejo (Zamora), y el Procurador en las Cortes de Castilla y León, Jesús García-Conde, reclaman el derecho de los castellanoleoneses a manifestarse.

 

En el caso de Castilla y León, para VOX "las razones expuestas carecen de sentido teniendo en cuenta que se trata de manifestaciones en forma de caravana de vehículos, donde los ocupantes tienen que mantener forzosamente las distancias de seguridad con los viandantes y el resto de los manifestantes sin posibilidad de contacto". 

 

VOX ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León todas las prohibiciones y está a la espera de las resoluciones, en otras regiones ya ha habido comunicaciones de Subdelegaciones del Gobierno sin objeciones, señalan. 

 

Todos los representantes recuerdan que “en el estado de alarma declarado, no se pueden suspender los derechos constitucionales de los españoles, entre ellos, el derecho de recogido en el artículo 21.1 de la Constitución española, en el que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa y 21.2 que menciona que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

 

Asimismo, los diputados de VOX coinciden en que “los castellanoleoneses no somos ciudadanos de segunda y tenemos los mismos derechos que ciudadanos que viven en otras comunidades autónomas a quienes si permiten manifestarse”.

 

No obstante, VOX insiste en que si la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no fuera favorable, la acataría y cumpliría como siempre ha hecho.