Qué es el abono social y qué tengo que hacer para pedirlo

Una renta inferior a 11.000 euros anuales da acceso al bono social, con descuentos del 25 al 50% en la factura según los casos. Hay un límite de facturación y será más difícil que nos corten la luz si no pagamos: pasa de dos a cuatro meses de impagos.

El Gobierno ha aprobado el nuevo bono social, que permitirá a determinados consumidores beneficiarse de una rebaja en su factura eléctrica en función de su situación económica. En resumen, con una renta inferior a los 806 euros/mes para un hogar de una sola persona, ya se puede acceder a un descuento que llegará al 50% en algunos casos.

 

En concreto, según el real decreto publicado en el BOE, un consumidor vulnerable es aquel que acredite una renta igual o inferior a 14 pagas de 806 euros. Si tiene un hijo a su cargo, la cuantía máxima para percibir la ayuda será de 1.074 euros y 1.343, si tiene dos menores bajo su responsabilidad. 

 

 

DEL 25 AL 50%

 

El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que se inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar; para el caso de una persona sola este nivel de renta será de unos 11.000 euros anuales y para una unidad familiar con dos menores se elevará a unos 19.000 euros anuales.

 

El límite máximo de renta para percibir el bono se incrementará en caso de que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad igual o superior al 33% o sea víctima de violencia de género o terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables.

 

El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables. El descuento llegará hasta el 50% para aquellos consumidores vulnerables que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su factura, debido a su especial protección, y que serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social.

 

Para este colectivo, las comercializadoras de electricidad deberán asumir el resto de la factura y no podrá, por tanto, procederse al corte de suministro en caso de impago. En estos casos, se establece un mecanismo para que las comercializadoras de electricidad realicen una aportación financiera adicional a la hora de evitar cortes de suministro. El real decreto regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes.

 

De esta forma, se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado (PGE), indicó el Ministerio en un comunicado.

 

 

CÓMO SE APLICARÁ EL DESCUENTO

 

El descuento se aplicará directamente sobre la factura desde el primer día de facturación en el que se reciba la solicitud. El bono tendrá una validez de dos años si el titular no pierde alguno de los requisitos por los que le fue concedido y será la compañía eléctrica la encargada de comunicar el vencimiento con anterioridad. El consumidor podrá solicitar su renovación hasta dos semanas antes. Para las familias numerosas el descuento estará activo durante la vigencia del documento que les acredita como tal. 

 

Los clientes que ya cuenten con un bono social antiguo podrán mantenerlo seis meses más sin necesidad de volver a tramitarlo. Para nuevas concesiones, el Gobierno facilitará a los usuarios una aplicación con toda la información. Además, se podrá solicitar por teléfono, correo electrónico, correo postal y en las oficinas de las empresas comercializadoras. 

 

Se establecen además unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético.  En este caso, las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de dos meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores.

 

Además, las compañías eléctricas deberán informar expresamente al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre, de que está renunciando a su derecho a percibir el bono social. En el caso de los consumidores vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago.

 

 

HASTA CUATRO MESES DE IMPAGO

 

Asimismo, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una primera medida para recuperar la normalidad de los pagos. Se regula además un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social.

 

Las compañías comercializadoras no podrán eliminar el suministro a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Para el resto de consumidores vulnerables, el plazo para cortar la luz pasa de dos a cuatro meses. 

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