La nueva tarjeta de aparcamiento para movilidad reducida y otros cambios en las normas accesibilidad

Una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

La Junta prepara un nuevo reglamento de accesibilidad y supresión de barreras que profundiza en el acceso universal a edificios y transportes y la comunicación sensorial.

La Junta de Castilla y León va a impulsar un nuevo reglamento de accesibilidad y supresión de barreras. A partir de este día 21 de junio este nuevo reglamento estará a disposición de los ciudadanos a través del Portal de Gobierno Abierto para que puedan hacer las aportaciones y sugerencias que estimen oportunas y enriquecer así un texto que ya ha sido trabajado en colaboración con el CERMI, ya que la accesibilidad para todos es una de las grandes demandas de las entidades de la discapacidad.

 

Este nuevo reglamento pretende dar un paso más hacia esa accesibilidad para todos abordando cuatro grandes ámbitos de actuación: la accesibilidad en los edificios, en los espacios públicos, en el transporte y en la comunicación sensorial.

 

La primera novedad se refiere a la accesibilidad en los edificios, ya que la nueva norma recoge la flexibilización de las condiciones de accesibilidad en edificios ya existentes para conseguir que un mayor número puedan ser accesibles. Junto a esto, y en relación con los aparcamientos, otra de las novedades es que se contempla la previsión de una dotación diferenciada de plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida en función del uso del edificio. Así, en general, será de una plaza reservada por cada 40, pero en el caso de edificios de uso comercial, pública concurrencia y aparcamiento la reserva se aumentará a una por cada 33 plazas o fracción. En todo caso, se dispondrá siempre de al menos 1 plaza de aparcamiento reservado. Además, existirá un itinerario accesible que comunique estas plazas con la vía pública o con el edificio, separado y protegido del tráfico rodado y señalizado de acuerdo con lo previsto en las normas técnicas.

 

Se establece igualmente una nueva reserva de plazas en locales públicos para personas con discapacidad sensorial, que será de una plaza para personas con movilidad reducida cada 100 asientos o fracción y una cada 50 asientos o fracción para personas con discapacidad auditiva.

 

La segunda novedad tiene que ver con la accesibilidad en los espacios públicos. La nueva norma establece que, con carácter general, todos los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y gestionados cumpliendo con las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con distintas capacidades que se desarrollan en el presente documento. Para ello se incorpora, también como novedad, la necesidad de una evaluación de la accesibilidad previa a la aprobación del planeamiento urbanístico que califique nuevo suelo urbanizable. Además, se establece una mayor concreción en la regulación de la accesibilidad de parques y jardines, se regula la accesibilidad de las playas urbanas, las condiciones de accesibilidad de las instalaciones temporales en espacio público y las características de los carriles bicis en su relación con los recorridos peatonales.

 

Junto a esto, se regulan las condiciones de accesibilidad de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la red de Espacios Naturales de Castilla y León.

 

La tercera novedad está vinculada a la accesibilidad en el transporte. En este ámbito, la nueva norma establece, como principio general, que en los transportes públicos regulares de uso general, de titularidad pública o privada, cuya competencia corresponda a la comunidad de Castilla y León, se garantizará el acceso y utilización de los mismos por todas las personas de forma autónoma, segura y no discriminatoria. Destaca en este punto la priorización de las adjudicaciones de concesiones de transporte público a aquellas propuestas que oferten un grado de accesibilidad superior al fijado por normativa.

 

Así mismo, se regulan de forma más precisa las facilidades de aparcamiento para vehículos privados que transporten a personas con discapacidad y a personas con movilidad reducida, además de contemplarse facilidades de estacionamientos para otros vehículos de transporte de personas con discapacidad.

 

También como novedad, se elimina la obligación de reflejar en la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida la matrícula de los vehículos que la utilizan, pasando a ser tarjetas vinculadas únicamente a la persona con movilidad reducida.

 

La cuarta novedad se refiere a la accesibilidad en la comunicación sensorial. En este ámbito, la nueva norma recoge la obligación de tener teléfonos públicos adaptados para su uso por personas con discapacidad en oficinas de las administraciones públicas. Además, se favorece el desarrollo de aplicaciones informáticas para móviles adaptadas a su uso por personas con discapacidad y se establecen características adicionales a las fijadas por la normativa estatal de accesibilidad en las páginas web de las administraciones públicas.