La 'nueva' renta de ciudadanía que prepara Castilla y León: qué se exige para cobrarla
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La 'nueva' renta de ciudadanía que prepara Castilla y León: qué se exige para cobrarla

Cientos de personas sin recursos hacen cola

La Junta negocia un nuevo formato de la renta de ciudadanía para que conviva con el ingreso mínimo vital: estaría ligada a la inserción y la escolarización.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades negociará a partir de la próxima semana un nuevo acuerdo para reformar la Renta Garantizada de Ciudadanía con los agentes del Diálogo Social -UGT, CCOO y CEOE en Castilla y León-, para contar con una prestación que complete el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los perceptores que acepten un plan de inserción laboral y social y se comprometan con la escolarización de los menores. Además, otro de sus objetivos es reducir los trámites para facilitar su solicitud. 

 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presidido la reunión de Renta Garantizada de Ciudadanía dentro del marco del Diálogo Social para reformular esta prestación de la Comunidad, más de un año después de que se aprobara en España el IMV, cuya ley se sigue tramitando en el Congreso de los Diputados con “cientos” de enmiendas y anuncios de modificación por parte del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. 

 

La próxima semana los representantes de Familia y del Diálogo Social inician las reuniones de las mesas de negociación para fijar la cuantía de la nueva Renta, así como todas las condiciones y requisitos que se exijan con el objetivo de cerrar un acuerdo en un plazo de un mes o mes y medio. De momento no se ha determinado si se planteará una modificación legislativa o una nueva norma, sobre lo que les orientarán los letrados del Gobierno autonómico. Estaría ligada a la inserción y la escolarización como condiciones para cobrarla.

 

La RGC nació con dos objetivos: garantizar un mínimo de ingresos a todos los castellanos y leoneses en situación de exclusión social y fomentar su inclusión social y laboral. Desde julio de 2020 convive con el IMV con carácter subsidiario, es decir, que suple el cobro de la prestación estatal para quienes no tienen derecho o han tardado en percibir esta última.

 

La consejera ha detallado la situación actual de coexistencia de las dos prestaciones, tras lamentar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pusiera en marcha el IMV “de manera precipitada y sin contar con la experiencia de comunidades como Castilla y León” y reclamar de nuevo que traspase su gestión al Ejecutivo autonómico. La precipitación y falta de diálogo con la que ha actuado el Gobierno ha originado  “disfunciones, desorientación e inquietud entre los ciudadanos y familias más vulnerables”, ha sostenido Isabel Blanco.

 

En estos momentos, existen en Castilla y León 15.886 familias que reciben el IMV –sólo el 31 % de las que lo han solicitado– y otras 34.936 a las que se les ha denegado o inadmitido la prestación estatal.