El TSJ ratifica la condena de nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Cacabelos

Ayuntamiento de Cacabelos (Foto: Google Maps)

La Audiencia condenó a Álvarez por un delito de prevaricación administrativa al impedir la reincorporación a su puesto del interventor municipal que le había agredido e insultado en dependencias municipales en septiembre del año 2015.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la pena de nueve años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público de alcalde por un delito de prevaricación administrativa dictada por la Audiencia Provincial de León para el exalcalde de Cacabelos (León) Sergio Álvarez.

 

Ante esta sentencia se presentó recurso ante el TSJCyL, que hora ratifica la condena en un fallo sobre la que cabe un recurso de casación, han informado fuentes del Alto Tribunal.

 

La Audiencia condenó a Álvarez por un delito de prevaricación administrativa al impedir la reincorporación a su puesto del interventor municipal que le había agredido e insultado en dependencias municipales en septiembre del año 2015.

 

El Juzgado de Ponferrada absolvió entonces al interventor del delito de atentado por la eximente de defecto psíquico, tras lo que ingresó por orden judicial durante unas semanas en la unidad de psiquiatría de El Bierzo y se le impuso libertad vigilada durante un año.

 

El exalcalde de Cacabelos reclamó una orden de alejamiento contra el interventor que le fue denegada. Mientras éste último se encontraba de baja por depresión (desde agosto de 2015), el edil informó de los hechos ocurridos a la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local, que abrió expediente disciplinario al funcionario.

 

Ya el 11 enero de 2016 el interventor recibió el alta laboral por mejoría y presentó el parte médico correspondiente en el Ayuntamiento de Cacabelos, ante lo que ese mismo día el alcalde pidió a la Junta que, ante lo ocurrido y la imposibilidad de trabajar con el funcionario, se tomaran medidas cautelares para que no pudiera incorporarse a su puesto de trabajo mientras no se resolviera el expediente disciplinario.

 

IMPIDIÓ SU REINCORPORACIÓN

En lo que esperaba la respuesta, aunque carecía de competencia, el mismo 11 de enero adoptó el acuerdo de no permitir la incorporación del interventor hasta que no se resolviera el expediente y con el argumento de que había solicitado la adopción de medidas cautelares.

 

Al día siguiente, el interventor trató de reincorporarse a su puesto de trabajo, donde el alcalde le notificó el acuerdo, por lo que el funcionario firmó un recibí y se presentó horas después en el Ayuntamiento acompañado de un notario para que diera fe de lo ocurrido.

 

A pesar de los intentos del alcalde, la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local y la instructora del expediente disciplinario avisaron en varias ocasiones al alcalde la obligación de permitir que el interventor se reincorporara a su puesto de trabajo, a lo que el alcalde manifestó que no lo permitiría porque "no quería verse en el cementerio".

 

A pesar de oficios y órdenes por parte de la Junta para que el alcalde permitiera la incorporación, el alcalde insistió sucesivamente en su postura y en pedir medidas cautelares en una situación que se prolongó hasta el 10 de marzo de ese año, en el que el interventor solicitó su cese en el Consistorio al haber obtenido plaza en el de Fabero, sin que aún hubiera sido repuesto.

 

La Junta de Castilla y León promovió un recurso contencioso administrativo impugnando la inactividad del Ayuntamiento de Cacabelos al no haber dado cumplimiento a la orden para la reincorporación del interventor, lo que supuso sentencias en las que se declaró contraria a derecho la actuación administrativa.

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