Desarticulan en Aragón un grupo por estafar en la venta de coches de segunda mano con afectados en León

El Juzgado de Calamocha (Teruel) dirige las actuaciones y decreta prisión para uno de los integrantes del entramado.

La Guardia Civil de Teruel, en el marco de la operación 'Titulari', ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la estafa en la compra-venta de vehículos de segunda mano y ha detenido a ocho personas e investigado a otra en distintas localidades de Castilla y León, Madrid y Andalucía.

 

A todas ellas se las considera autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, delito de estafa, blanqueo de capitales, delito de usurpación de identidad y falsificación documental pública y privada y delito contra la vida e integridad física relacionados con la seguridad vial.

 

La Comandancia de la Guardia Civil de Teruel ha informado en una nota de prensa de que se ha constatado la manipulación de 27 turismos y ha confirmado que hay un número importante de personas perjudicadas, totalmente desconocedoras de tales hechos, en Madrid, Palencia, Valladolid, Valencia, Getafe, León, Zaragoza y Toledo.

 

Asimismo, ha indicado que la operación ha supuesto un año de investigaciones y ha incluido varios registros en una empresa dedicada a la automoción y una nave clandestina en la que se han hallado cuatro vehículos preparados para la reventa.

 

La operación 'Titulari' se inició en abril de 2018, cuando a una persona le constaba a su nombre la titularidad ilegítima de tres vehículos de alta gama. Una de las razones por las que se tuvo conocimiento de tales hechos fue al recibir ésta varias notificaciones en su domicilio de sanciones administrativas contra la seguridad vial de esos vehículos, sospechando que podría ser víctima de algún tipo de estafa o usurpación de identidad.

 

OPERACIÓN

El desarrollo de la operación tuvo como objetivo comprobar la existencia de un entramado criminal que utilizaba distintos portales de compraventa de vehículos de segunda mano para adquirir turismos de alta gama a bajo coste.

 

Se comprobó que, normalmente, este grupo adquiría los vehículos en estado deficitario, accidentados o averiados, aprovechando el período de la transferencia para poder manipularlos, alterarlos y adecentarlos en un taller clandestino, situado en un polígono industrial de la localidad de Arganda del Rey (Madrid), para su posterior reventa.

 

En este proceso, llegaron a reducir el kilometraje en multitud de ocasiones entre 80.000 a 150.000 kilómetros por vehículo, consiguiendo así quintuplicar el beneficio económico en el momento de la reventa.

 

Durante la transacción, extendían contratos privados de compra-venta falsificados a nombre de terceras personas, y, mediante previo pago, intercambiaban el vehículo junto con su documentación, sin llegar nunca a notificar, ni regularizar el cambio de titularidad al organismo correspondiente.

 

Los integrantes del grupo criminal facilitaban nuevos contratos privados a nombre de los legítimos titulares, consiguiendo con ello, permanecer durante las nuevas transferencias, en el más absoluto anonimato.

 

Toda esa transacción se realizaba con la colaboración de una asesoría vinculada a la transacción de vehículos, quien expedía justificantes para revestir de supuesto carácter legal el cambio de titularidad.

 

EFECTOS INTERVENIDOS

La Guardia Civil ha indicado que entre los efectos intervenidos por los agentes se encuentran documentación personal y de vehículos tanto legal como falsificada, un ordenador portátil con software preparado para la manipulación de los vehículos, kit hardware y cableado de diagnosis de vehículos de alta gama, dos centralitas del panel de control de una marca concreta de vehículos y varios discos duros, así como dos vehículos de alta gama por presentar aparentes signos de manipulación técnica.

 

En el transcurso de las investigaciones, los componentes de la Guardia Civil constataron la manipulación de otros 25 turismos. Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Calamocha (Teruel), quien ha decretado prisión para uno de los integrantes del entramado.

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