“Castilla y León tiene necesidades más importantes que asumir las competencias de la Administración de Justicia"
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“Castilla y León tiene necesidades más importantes que asumir las competencias de la Administración de Justicia"

Santiago Mena, nuevo Fiscal Superior de la Comunidad, apuesta por la "superespecialización" para mejorar la eficacia contra las nuevas formas de delincuencia en internet

El nuevo Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena. ICAL

El nuevo Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, aboga por la reorganización interna, la transparencia y las relaciones externas, un aspecto este último que considera "imprescindible y fundamental", buscando además ofrecer a la ciudadanía una gestión transparente de su actividad. Asimismo, reconoce que es partidario de las superespecialización de los fiscales, ante la nueva realidad delictiva introducida por la red.

 

Mena tomó posesión de su cargo el pasado 24 de noviembre, sustituyendo a Lourdes Rodríguez Rey, y convirtiéndose en el tercer fiscal en ocupar este cargo regional. Desde 2008 ostentaba la jefatura de la Fiscalía Provincial de Burgos, siendo especialista en violencia sobre la mujer, criminalidad informática, cooperación jurídica internacional y delitos de odio. 



Desde el punto de vista ciudadano, no hay otro tema más importante que la pandemia. ¿Cómo está afectando esta situación al funcionamiento de las fiscalías?
Como no puede ser de otra manera, dedicando el mayor tiempo posible a resolver los asuntos que tenemos sobre la mesa. Es una prioridad en todos los ámbitos de la vida y también en el nuestro. En el ámbito que toca desde el punto de vista técnico-jurídico, pero desde luego con la dedicación e importancia que tiene, completamente dedicados a ello. No quiere decir que abandonemos algo o todo para hacer algo que también tiene su prioridad, como es la pandemia. Velar por los derechos de los desfavorecidos y de los protegidos, es una de las misiones principales que tiene la Fiscalía como esencia de nuestra constitución y razón de ser.

 

¿Mantiene abiertas algunas denuncias por la atención a las personas mayores en las residencias? ¿Alguna ha acabado en proceso penal?
Hay algunas abiertas porque van surgiendo a medida que va pasando el tiempo. Tienen un componente muy parecido, casi todas ellas, y hasta este momento, la mayoría han sido archivadas, porque tienen prácticamente las mismas connotaciones y las mismas características. Resueltas, en el sentido de haber dado la posibilidad a ejercitar una acusación pública no tenemos en el territorio.

 

Además, hay varias denuncias sobre la falta de atención en los centros de salud. ¿Cómo evoluciona esta investigación y a cuántas ascienden actualmente?

El número exacto no lo sé, porque van evolucionando a lo largo de los días, y la mecánica es parecida a las denuncias en las residencias de mayores. Hay varias y seguramente con el tiempo va a haber más. Por falta de atención en los servicios públicos siempre ha habido denuncias, pero se ha visto agudizado y agravado por la pandemia. Es un contexto, una situación que nadie había previsto, nadie tenía las respuestas adecuadas en el corto plazo que se exige, y en consecuencia hay muchas actuaciones, muy difícil de trasladar al ámbito penal. No obstante, hay mecanismos que siguen abiertos para exigir responsabilidades si da lugar a quien fuera desde el punto de vista contencioso-administrativo o civil. No digo desde el punto de vista político, esa es otra cuestión. Pero desde luego no es fácil porque lo ocurrido no estaba en ningún sitio previsto.

 

Los ciudadanos exigen conocer el impacto de la pandemia, como un derecho, y aún no se sabe ni cuántos muertos ha provocado. ¿Es eso normal en un Estado de Derecho?

Soy partidario de la transparencia y comunicar a los ciudadanos absolutamente la verdad de lo que hacemos. Solo puedo hablar de lo que yo puedo controlar, que es el ámbito de la Fiscalía. El resto de las instituciones tendrán que cumplir con lo que crean que tienen que cumplir.

 

El Ministerio plantea que los fiscales asuman la dirección de la fase investigadora de las causas; el Gobierno nombra a la fiscal general del Estado y en la Fiscalía hay un principio de jerarquía. ¿No le parece que alguien puede pensar que, de alguna manera, el Gobierno puede intervenir a través de la Fiscalía en la instrucción de causas delicadas?

Eso es una cuestión desde el punto de vista del modelo, de menor importancia. Soy partidario de que el nuevo modelo se implante y los ajustes que haya que hacer respecto de la designación. Nos hemos estado amparando en esto, por lo que hemos empezado a hablar para no cambiar un modelo que lleva 140 años, completamente anacrónico, y que no respeta los derechos más importantes desde el punto de vista del procedimiento penal, convalidado por los países de nuestro entorno. Al ciudadano hay que decirle que es lógico que dude un poco, porque es lo que oye cada día. El fiscal general del Estado puede dar órdenes generales y particulares a los fiscales del resto del país, pero cada fiscal tiene unos mecanismos que están estatutariamente reconocidos para oponerse en su caso a una orden que no se ajusta a la legalidad.

 

¿Cuál es el cambio principal que hay que acometer del modelo?

Hay dos conceptos que se podrían explicar a la ciudadanía: imparcialidad e independencia. El Fiscal es imparcial, pero a la hora de realizar una instrucción, actualmente el juez de instrucción es independiente, pero es muy difícil que sea imparcial de sus actos. Lo importante es el modelo, el cambio de sistema en el que se pasa del juez instructor a otro, a partir ese momento, el juez ya no es un instructor, será como garante y velador de toda la instrucción que hayan hecho todas las partes, y que imparcialmente valora todo lo que se hace hasta el momento de la instrucción, mientras que ahora el juez lo hace todo, es el director de la investigación. 

 

¿La Justicia está politizada?

En algunos asuntos se intenta politizar a la justicia, seguramente, por motivos interesados. Lo que se procura e intenta hacer desde la justicia, y desde mi punto de vista así debe ser, es que eso no vaya a más.

 

¿Alguna vez a lo largo de su carrera ha sentido algún tipo de injerencia política?
 Hasta hoy, no, y espero que tampoco sea en el futuro.


 
¿Qué le parece la reforma del Consejo General del Poder Judicial que se registró en el Congreso?

La Constitución impone el sistema que impone y entonces exige a los políticos una vez más ponerse de acuerdo. Los ciudadanos tenemos que exigir a cada órgano e institución del Estado que cumpla con las obligaciones, por supuesto legales, y no digo constitucionales.

 

En su discurso abogó por la transparencia y las relaciones externas ¿Qué se pretende y qué idea tiene respecto a esta reorganización?

Estaré a disposición de los ciudadanos para contarles lo que hacemos, cómo lo hacemos, a través de los mecanismos que tenemos, que no son muchos. Haré todo lo posible para hacer que las relaciones sean lo mejor posible, porque cuando todo eso es positivo, funciona todo mucho mejor. Repercute en quienes o para quienes trabajamos, que son los ciudadanos. En ese sentido gastaré las energías que hagan falta.

 

Una de las reclamaciones históricas de la Fiscalía Superior de Castilla y León es la creación en la Comunidad de la figura del delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. ¿Estamos ante un incremento de estos delitos en al Comunidad?

El nivel de complejidad de los asuntos y su número no ha aumentado. La necesidad de un coordinador regional existe, pero tenemos en cada provincia esa figura. Hoy por hoy creo que está bastante bien cubierto. Los compañeros que llevan esta materia, son los mejores de la Fiscalía regional y también en el ámbito judicial, porque son los más especialistas. Llegado el momento, no se necesita ni mucho tiempo ni mecanismos para instaurar esa posible figura. La hay en otras cuestiones.

 

¿Considera necesario reforzar la especialización de los fiscales para afrontar con más garantías la persecución de delitos como los cometidos a través de internet?

Soy partidario de las superespecialización de los fiscales. Naturalmente que sí. Dado que la nueva tendencia delictiva va por esa línea, el interés de los fiscales superiores o generales del Estado, es reforzar la formación en esa materia, pero no solo los especialistas. Ahora mismo en casi todo tipo de delito hay algún momento donde se acaba de emplear las TICs. Es un desarrollo de las tecnologías tan impresionante y rápido, aplicadas al delito, que necesitamos muchas personas. Sin perjuicio de que haya alguien mucho más especialista dedicado a estas cuestiones, el resto tenemos que estar formados porque es el día a día.


 
En la última Memoria de la Fiscalía Superior se advertía de que la precariedad laboral se había convertido en un obstáculo para las fiscalías de la Comunidad a la hora de investigar los accidentes laborales. ¿Hay alguna fórmula de romper este círculo vicioso?

Nosotros podemos actuar a priori poco, sobre todo a posteriori. Lo más que podemos hacer es detectar esto para intentar que cambie la legislación. Como política criminal, a través de nuestras memorias, dar pistas al legislador para que pueda intensificar o modificar según qué legislación; y desde el punto de vista concreto y puntual, actuar en cada caso. Estamos vigilantes, que es lo que nos toca.

 

A pesar de que desde las fiscalías se considera esenciales las unidades de valoración integral de la violencia contra la mujeres para lucha contra esta lacra, solo la provincia de Burgos cuenta con este tipo de herramienta. ¿Hay previsión de que este tipo de oficinas se implanten en otras provincias?

Es un problema de medios y en esta materia se ve mucho más agudizada. Castilla y León es más grande que Portugal y hay personas que pueden ser víctimas en todo ese territorio, eso es prácticamente imposible de controlar desde el punto de vista de los medios. Tenemos más dificultades que en otras regiones. A este respecto, por supuesto. ¿Solucionaríamos el problema dando medios personales y materiales en el último extremo del Moncayo o de las Merindades? Sin duda, pero tenemos lo que tenemos y las dificultades son mayores que en otros sitios. Eso no quiere decir que no sigamos insistiendo todas las instituciones.

 

La creación de juzgados de familia especializados en todas las provincias es otra de las demandas de la justicia en Castilla y León. ¿Está peor la Comunidad que otras regiones en cuanto a medios materiales y humanos?  

Podemos decir que sería un ideal, pero va a ser difícil. En algunas provincias, no solo es imprescindible, incluso más que un Juzgado; pero no sería yo el primero que dijera que es inexorable que en cada provincia haya un juzgado de Familia, porque quizá no sea para eso.

 

¿Habría que retomar la idea de reclamar las competencias?

Hay que ser realistas, desde el punto de vista político, probablemente si. Pero me consta que los propios miembros de la Administración autonómica, apuntan a que no son muy partidarios en estos momentos, porque supondría algo que quizá no estemos con las posibilidades de ofrecer. En la Junta hay muchas necesidades y diría a los dirigentes de Castilla y León que hay otras prioridades ahora mismo en la Comunidad No es que diga que no lo quiero, vamos a ser realistas. Hoy por hoy nos quedamos como estamos.