Castilla y León pondrá en marcha "de forma inminente" la figura del veterinario habilitado, que permitirá que estos profesionales participen en determinadas actuaciones sanitarias oficiales. Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar las cuentas de su departamento para 2027.

Pino ha explicado que la modificación de la Ley de Sanidad Animal abre la puerta a este modelo, con el que la Junta pretende aprovechar la experiencia de los veterinarios que conocen directamente las explotaciones y aumentar la capacidad de actuación sobre el terreno.

"Queremos consolidar y potenciar este modelo, aprovechar mejor la experiencia de los profesionales que conocen las explotaciones de primera mano y aumentar nuestra capacidad de actuación sobre el terreno", ha señalado.

El objetivo, según ha defendido, es mantener todas las garantías sanitarias, pero ofrecer una respuesta más ágil y cercana, con una participación activa de los veterinarios y mayor libertad para que los ganaderos gestionen sus explotaciones.

El anuncio se enmarca en unas cuentas que elevan el presupuesto de la Consejería desde los 634,80 millones de euros de 2024 hasta los 739,72 millones previstos para 2027. Son casi 105 millones más, un incremento del 16,53%.

Uno de los principales aumentos presupuestarios se dirige al mantenimiento y garantía de la sanidad ganadera. La partida pasará de 5 a 12 millones de euros, un 140% más, para reforzar los programas sanitarios, mejorar la capacidad de respuesta y atender las consecuencias económicas de posibles crisis.

El consejero ha recordado que una enfermedad puede provocar la inmovilización de una explotación, restricciones de movimiento, sacrificios obligatorios y pérdidas económicas importantes. Por ello, ha defendido que los ganaderos necesitan garantías sanitarias, pero también una Administración que actúe con rapidez y tenga en cuenta la continuidad de sus negocios.

Tuberculosis bovina: más vigilancia y nuevas alternativas

En relación con la tuberculosis bovina, Pino ha situado entre sus objetivos mejorar el estatus sanitario de la cabaña y reducir la prevalencia de la enfermedad, sin olvidar el impacto que cada positivo supone para una explotación y para el ganadero.

Para 2027 se mantendrán 10 millones de euros para actuaciones de saneamiento e indemnización. De esa cantidad, 7,5 millones se destinarán a la ejecución de los programas y cinco millones a indemnizaciones, según ha detallado el consejero.

La estrategia incluirá el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, la mejora del diagnóstico, la investigación aplicada y el control de la fauna silvestre como posible reservorio de la enfermedad. La Junta continuará reclamando al Gobierno de España que los baremos de indemnización reflejen adecuadamente el valor de los animales sacrificados.

Pino también ha rechazado que la respuesta ante la tuberculosis pase siempre por imponer más restricciones a las explotaciones. "Queremos avanzar en la lucha contra la enfermedad, pero revisando procedimientos y estudiando nuevas herramientas", ha afirmado.

En esa línea, la Consejería está apoyando investigaciones sobre nuevas vías de inmunomodulación frente a la tuberculosis y el control de transmisores de la enfermedad entre especies silvestres, como el jabalí, a través de la caza. "Después de años de saneamientos y sacrificios, tenemos que estudiar alternativas que puedan ayudarnos a controlar la enfermedad y reducir el impacto que soporta el ganadero", ha añadido.

La comparecencia también ha abordado otras amenazas sanitarias. El consejero ha recordado que este año ha sido necesario afrontar una emergencia importante en el sector avícola por la enfermedad de Newcastle. Las actuaciones de erradicación e indemnización han supuesto alrededor de cuatro millones de euros en 2026.

A estas medidas se suma una ayuda extraordinaria de 5.500 euros por explotación afectada, aprobada el jueves en Consejo de Gobierno, con un importe total cercano al millón de euros. La intención de la Consejería es que llegue a los beneficiarios con la menor carga burocrática posible, de oficio y utilizando los datos que ya tiene la Administración, sin solicitar documentación innecesaria a los ganaderos.

Por último, Pino ha asegurado que se mantendrá la vigilancia frente a la dermatosis nodular contagiosa. Aunque se hayan levantado las últimas restricciones en España, la situación en otros países europeos obliga a conservar las medidas de prevención, el control de movimientos, la bioseguridad y la detección precoz.

La Consejería también pretende establecer un sistema de vigilancia y alerta frente a enfermedades emergentes y reemergentes, entre ellas el virus Shamonda.