La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha dado luz verde este lunes a una propuesta que vuelve a situar al lobo ibérico en el centro del debate político y ambiental en España. La mayoría de las comunidades autónomas ha apoyado el informe sexenal sobre la especie, un documento que España deberá remitir a la Comisión Europea y que concluye que el lobo se encuentra en un estado de conservación favorable en el país.

Esa conclusión es clave, ya que avala la posibilidad de que las comunidades con presencia estable del lobo puedan gestionar su control, incluida la caza, una medida que sigue generando una fuerte división institucional.

El respaldo ha sido prácticamente generalizado entre los gobiernos autonómicos, con la excepción de País Vasco, Castilla-La Mancha y Cataluña, que han votado en contra de la propuesta. También se ha desmarcado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que ha mostrado su oposición al considerar que no existe base suficiente para dar por consolidado ese estado de conservación favorable.

El informe, impulsado por las comunidades con presencia estable del lobo, será ahora elevado a la Comisión Europea como parte de las obligaciones periódicas de evaluación de la especie en el marco comunitario. Su aprobación reabre así un pulso político y técnico que enfrenta a distintos modelos de gestión de la fauna salvaje en España, especialmente en el norte peninsular, donde la presencia del lobo es más significativa.