La Audiencia Provincial de León ha celebrado este martes, tras una semana, la última sesión de un juicio contra cinco empresarios mineros de la Hullera Vasco-Leonesa (HVL) y el Grupo Peal, por un presunto delito contra la Hacienda Pública. Según recoge EFE, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han considerado probados los hechos imputados, que cifran en 2,1 millones de euros la cuantía defraudada.

En concreto, se les acusa de hacer pasar mineral obtenido en las explotaciones a cielo abierto por carbón de interior con el objetivo de cobrar subvenciones, de manera "deliberada y pactada".

Ambas partes han pedido una sentencia condenatoria para los enjuiciados al entender que entre ellos había "un concurso", mediante una "relación triangular" entre la HVL y dos contratas, Transportes Peal y Restauraciones Mineras.

Los hechos se remontan al período entre 2011 y 2013, cuanto un perito de la inspección de la Agencia Tributaria apreció una notable diferencia entre lo real y lo facturado en la mina de Santa Lucía, en el municipio leonés de La Pola de Gordón. Este desfase era del 21 por ciento en el primer año, del 17 por ciento en el segundo y del 28 por ciento en el tercero. Según la denuncia, el fraude ascendía a 734.900 euros en 2011, a 510.400 euros en 2012 y a 868.900 en 2013, hasta rebasar los 2,1 millones.

La Fiscalía ha pedido por ello una pena de prisión para los cinco acusados por tres delitos contra Hacienda cada uno.

Para Antonio del Valle y Arturo del Valle, presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco-Leonesa, y para Mario Calvo, exdirector general de la compañía, el Ministerio Público ha pedido cuatro, tres y cinco años de cárcel por cada delito, lo que suma un total de doce años para cada acusado, como autores del delito.

En cuanto a los dos empresarios del Grupo Peal, se ha solicitado una pena de siete años y seis meses de prisión por su implicación como cooperadores necesarios. Los procesados son José Manuel Alonso, administrador único de la sociedad, y Francisco Javier Luengo, el director general y máximo responsable del cielo abierto de Santa Lucía.

"Todos conocían los hechos y tomaban decisiones en común, tal y como se ve en los correos electrónicos aportados a la causa y que demuestran este concierto", ha declarado la fiscal, quien ha expuesto que la HVL deducía de esas cuentas un IVA que no se correspondía con las actividades legales y eludía de forma consciente y deliberada sus obligaciones para con la Agencia Tributaria.

Diferencia entre lo real y lo facturado

El abogado del Estado ha insistido, como la Fiscalía, en que se producía "una sobrefacturación de mineral estéril y una infrafacturación de carbón". "Se cogía carbón de fuera, se hacía pasar por carbón de interior y se cobraba cinco veces más de subvención", ha manifestado.

El registro del estéril se hacía "mediante la facturación de muchos metros cúbicos de ese material que, en realidad, no se habían movido y se compensaba con la infrafacturación del carbón para deducir cuotas de IVA por unos trabajos nunca practicados", ha detallado la Abogacía del Estado.

La misma causa señalaba a otros dos empresarios mineros: José Manuel Alonso, conocido como Manolo Peal, fallecido el pasado marzo a los 87 años; y Emilio Amor, uno de los responsables de la explotación a cielo abierto, a quien la Fiscalía retiró su condición de acusado.

Los cinco enjuiciados han negado los hechos y la defensa ha pedido su libre absolución por falta de pruebas, aduciendo que la acusación se sustenta en hipótesis.

Los acusados han renunciado a su derecho a la última palabra en la sesión final del juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de León, que ha quedado visto para sentencia.