El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de León, José Antonio Diez, han firmado este lunes un protocolo de colaboración en materia educativa que beneficiará en los próximos años a más de 4.500 alumnos de los colegios públicos de Infantil y Primaria de la capital leonesa. Con una vigencia de cuatro años, cuenta con un presupuesto de dos millones financiado por ambas instituciones. 

El protocolo establece un marco de actuación conjunta entre ambas administraciones para analizar las necesidades de los centros, coordinar intervenciones, fijar prioridades y programar de forma anual las actuaciones de mejora y mantenimiento de los colegios públicos de León capital, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones educativas.

Desde 2019, el Gobierno autonómico ha llevado a cabo obras en centros educativos de la capital, tanto en Educación Infantil y Primaria como en Secundaria.

Entre estas actuaciones se incluyen obras de mejora y de nueva construcción, como la envolvente del Instituto Padre Isla, ya finalizada, o el Polideportivo de Renueva y el Conservatorio de Música, actualmente en ejecución. Este esfuerzo inversor continuará con nuevas actuaciones, también en el ámbito universitario, como las previstas para el nuevo edificio del Grado de Medicina.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha señalado que este acuerdo se enmarca dentro de la apuesta de la Junta de Castilla y León por ofrecer una educación excelente, con la máxima calidad y equidad en todas las provincias y municipios de la Comunidad, tanto en el medio urbano como en el rural, en centros públicos y concertados y en todas las etapas educativas, desde la escolar hasta la universitaria.

Asimismo, ha destacado que Castilla y León cuenta actualmente con el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo, y que durante esta legislatura se ha logrado un hito con la implantación de la educación pública gratuita desde los 0 hasta los 16 años.

Por otro lado, la Junta ha consolidado ayudas que permiten a las familias ahorrar hasta 3.000 euros por alumno y año; ha mejorado las condiciones laborales de los profesionales educativos con medidas como la bajada de ratios, y ha realizado un importante esfuerzo inversor en infraestructuras y equipamientos educativos, que tendrá continuidad en los próximos años.