Renfe estudia la fórmula jurídica para mantener sus actuales compensaciones por retrasos, que la empresa considera las más ventajosas del sector para los usuarios. La compañía alerta de que adoptar criterios distintos a los vigentes podría situarla en inferioridad frente a competidores como Ouigo e Iryo.

El pleno del Congreso ha aprobado algunas de las enmiendas introducidas por el Senado en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga a Renfe a recuperar los antiguos criterios de puntualidad e indemnización.

Desde el Ministerio de Transportes consideran que la enmienda del PP para restablecer las compensaciones anteriores es "una operación demagógica y un brindis al sol populista", sin impacto real para los usuarios.

Renfe, por su parte, asegura que la medida busca penalizar a la empresa pública que presta un servicio fundamental a millones de personas y que contribuye a la vertebración de España. La compañía advierte que aplicar estas compensaciones solo a ella, en un contexto de competencia comercial, supone situar a sus trabajadores y servicios en clara desventaja frente a operadores privados.

Transportes sostiene que una regulación seria debería exigir a todos los operadores devolver el dinero por retrasos de menos de 60 minutos, aunque ello podría traducirse en un aumento de precios para cubrir las multas.

Desde el 1 de julio, Renfe modificó sus criterios de indemnización: ahora devuelve el billete íntegro en AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos, y el 50 % del importe cuando la demora es superior a 60 minutos. Anteriormente, estos umbrales eran de 30 y 15 minutos, respectivamente.

En 2023, la antigua política de indemnizaciones supuso un coste de 42 millones de euros para Renfe, que se habría reducido a 12,5 millones con la normativa actual. Con las nuevas indemnizaciones, la compañía sitúa su compromiso de puntualidad al mismo nivel que otros operadores de alta velocidad como Ouigo e Iryo.