Las oficinas antiocupación que funcionan en Castilla y León, de la mano de las Cámaras de la Propiedad Urbana, han recibido desde su puesta en marcha, en junio de 2023 y hasta octubre de este año, 305 consultas presenciales y 11.900 telemáticas. Estos puntos de atención facilitan a los ciudadanos información y apoyo jurídico sobre prevención, actuación inmediata y tramitación de casos en curso.

Son datos que ha trasladado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio este domingo en un comunicado tras reunirse su titular, Juan Carlos Suárez-Quiñones con representantes vecinales de la urbanización Arroyovereda, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, que sufren una ocupación ilegal desde el 2022.

El consejero ha incidido en que realizan "un seguimiento permanente" de casos de viviendas ocupadas de forma ilegal en la comunidad, como sucede en esa urbanización y en especial, como es también este caso, en aquellas zonas donde la ocupación irregular provoca problemas de convivencia y seguridad, recoge la Agencia EFE.

"La Junta defiende el derecho de acceso a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades", ha trasladado Suárez-Quiñones.

Los vecinos han incidido en su malestar ante la prolongación del conflicto, que afecta a decenas de viviendas propiedad de la Sareb, y han descrito los problemas de inseguridad, degradación de espacios comunes y pérdida de valor patrimonial que sufren desde hace más de tres años.

La Consejería ha detallado en el comunicado que los vecinos "también han destacado la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno de España y de la Sareb, reclamando actuaciones más ágiles en los procesos judiciales y medidas que eviten nuevas ocupaciones".

A juicio del consejero, los cambios normativos impulsados por el Gobiern, como la Ley de Vivienda, "amparan a los okupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos", como en Arroyovereda.

Suárez-Quiñones ha trasladado a los representantes de los vecinos que "la ocupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia", y ha apostado por una acción conjunta de todas las administraciones que están en contra de esta legislación y de las situaciones que provoca, como la presente, para restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza vecinal.