El fiscal Carlos Castresana publica "Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias", donde a través de 25 casos condensa cinco siglos de equivocaciones en la Justicia, "patologías" que perviven en España por ejemplo por una instrucción que sigue "anclada al pasado y se presta a desviaciones de jueces activistas".

En una entrevista con EFE, este experimentado fiscal, que lo ha sido de Anticorrupción, el Supremo y que impulsó la denuncia contra los dictadores Jorge Rafael Videla y Augusto Pinochet, repasa su compendio de "parábolas" judiciales, casos reales que van del siglo XVI al siglo XXI y a los que acompaña de una moraleja o lección.

La meta es aprender del pasado para evitar que sigan produciéndose "infamias" que condenan a inocentes y liberan culpables.

A lo largo de "Bajo las togas" Castresana recoge la "precuela" de los Crímenes de Cuenca, porque el juez que condenó a varios inocentes por un crimen que nunca existió ya permitió la tortura antes, el asesinato de la dirigente del PP Isabel Carrasco en León o la ejecución en 1831 de Mariana Pineda "por el capricho de un rey cruel", Fernando VII.

Hay casos conocidos, como el de Martin Guerre sobre el que escribió Alexandre Dumas, otros que no lo son, pero que recogen debates actuales, como el de Sarah Woodcock que en el siglo XVIII denunció al poderoso barón de Baltimore por violarla, sin que éste fuese condenado, y algunos que el fiscal pide no dejar en el olvido, como las torturas durante el franquismo del expolicía conocido como 'Billy el Niño'.

Dónde mejorar

Entre las mejoras posibles apunta a la instrucción, porque considera que en España "sigue anclada en el pasado y se presta a desviaciones de jueces activistas que, por razones que no son las que están en el Código Penal, se empeñan en sacar adelante causas que a lo mejor no tienen el respaldo probatorio suficiente".

Como fiscal en activo, ahora en el Tribunal de Cuentas, prefiere no citar ejemplos, aunque apunta a que los hay recientes "en la mente de todos".

Castresana detecta equivocaciones en cinco ámbitos, en los que estructura su obra: los testimonios, que pueden ser "peligrosos, etéreos y volubles"; la prueba indiciaria, que conduce al fallo cuando se tiñe de prejuicios; el uso del proceso penal contra el enemigo; el empleo de la tortura o la coacción en los interrogatorios y casos en los que el Estado usó el proceso penal para reprimir a adversarios.

A base de analizar equivocaciones evitables, que considera "infamias", ofrece "un mapa de por dónde hay que ir para evitar que la justicia descarrile" que dirige a los ciudadanos interesados en la Justicia o preocupados por las injusticias pero también a jueces, fiscales, peritos forenses o jurados populares.

Un "accidentado" caso contra el fiscal general

En el Tribunal Supremo, frente al que se realiza esta entrevista, se juzga estos días al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Al respecto, Castresana apunta que el caso "ha sido accidentado en la instrucción" y que las "posiciones absolutamente enfrentadas" indican "que alguna cosa no funciona como es debido".

Pero en todo caso confía en la Justicia, aún cuando "a veces la presión es enorme", y defiende que para la crítica hay que esperar a la sentencia motivada, puesto que ahora no se ayuda "ni al acusado, ni a las acusaciones, ni al Tribunal, ni a la sociedad, interfiriendo con opiniones extemporáneas y que seguramente no están suficientemente fundadas".

No se hace lo necesario para evitar errores

El fiscal considera que las "patologías" del proceso penal no se corrigen debidamente. Señala, por ejemplo, que "la denuncia falsa o el falso testimonio son frecuentísimos en la realidad jurisdiccional española" y "no son castigados casi nunca".

"Un error judicial siempre es una desgracia que lamentar (...) No hacemos lo necesario", afirma y pide tribunales "mucho más cuidadosos" a la hora de valorar la prueba indiciaria o de comprobar que no haya "intereses inconfesables" detrás de las acciones populares o los querellantes particulares.

También defiende que el poder judicial no debe estar exento "ni de transparencia, ni de crítica ni de discrepancia" y denuncia que "los jueces españoles viven frecuentemente la independencia como un privilegio para poder hacer lo que les dé la gana" cuando en realidad es una obligación, la de resistir las presiones.

Sin embargo, lamenta, "estamos viendo a diario" casos en los que los jueces "sucumben" a la presión del poder político, económico, mediático "y no hacen lo que deberían hacer".

Respecto a la instrucción, apoya que pase a los fiscales, pero considera que antes se debe asegurar su independencia, que ahora "no está garantizada".

Premio Nacional de Derechos Humanos y comisionado de la ONU en Sudán del Sur, Castresana lamenta además la actual "época negativa" para la Justicia internacional, que necesita de la colaboración de los Estados y espera que "lo antes posible" haya otro momento de "luna de miel" como el que permitió el proceso contra Videla y Pinochet.