El nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios, obligatorio desde el viernes, busca blindar a periodistas y medios frente a presiones indebidas, garantizar la independencia de los medios públicos y exigir mayor transparencia sobre la propiedad y financiación mediática.

Por primera vez en Europa, una norma de alcance comunitario -el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA)- establece mecanismos para proteger a periodistas y medios de comunicación frente a interferencias externas, además de fortalecer la transparencia y la independencia en el sector mediático.

Al tratarse de un reglamento, sus disposiciones son vinculantes para todos los países de la Unión Europea sin necesidad de trasposición, aunque algunos estados, incluida España, no han adaptado aún toda su legislación para cumplir a tiempo con todos los cambios.

NOVEDADES QUE TRAE LA LEY

• Transparencia en la propiedad y publicidad institucional: Los países deberán crear registros estatales que revelen quiénes poseen acciones significativas en los medios y qué ingresos obtienen, especialmente los provenientes de financiación pública o publicidad institucional. En España, esta función recaerá en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que también gestionará registros a nivel autonómico. Aunque no será obligatorio registrar un medio para abrirlo, la falta de inscripción conllevará sanciones y afectará el acceso a publicidad institucional.
• Garantías para medios públicos: El reglamento exige que cada país establezca por ley criterios claros para el nombramiento y cese de altos cargos en medios públicos, así como la duración de sus mandatos y una financiación suficiente y previsible para asegurar su independencia. En España, este punto aún está pendiente de desarrollo legislativo.
• Protección frente al espionaje y presión: La norma prohíbe presionar a periodistas para que revelen sus fuentes y establece que cualquier medida excepcional basada en motivos de seguridad nacional debe respetar los derechos de los afectados, quienes tendrán acceso a recursos judiciales y serán informados sobre las acciones tomadas contra ellos.

Este reglamento marca un paso histórico para reforzar la libertad de prensa en Europa, adaptando las garantías legales a los desafíos actuales de los medios de comunicación y sus profesionales.