La Consejería de Sanidad de Castilla y León impuso a lo largo de 2024 un total de 480 sanciones a industrias y establecimientos alimentarios de la Comunidad, lo que supone un aumento del 48,1 % respecto a 2023, cuando se registraron 324, según recoge el informe anual sobre el control oficial de productos alimenticios.

El sector más afectado fue el de comidas preparadas y cocinas centrales, que acaparó 228 expedientes sancionadores y 211 sanciones formalizadas, es decir, el 44 % del total. Le siguen los establecimientos polivalentes (20,2 %), con 111 expedientes y 97 sanciones; el sector de carne y derivados (13,1 %), con 70 y 63 respectivamente; y vegetales y derivados (7,3 %), con 38 expedientes y 35 sanciones. Entre los cuatro sectores suman el 84,6 % de las sanciones impuestas.

10.000 incumplimientos

Durante el año pasado se detectaron 10.300 incumplimientos de la normativa alimentaria, un 3,6 % menos que en 2023. Estos incumplimientos se dividen en tres tipos:

- Estructurales (2.367): relacionados con las condiciones físicas de los establecimientos.

- Operacionales (6.386): vinculados con la actividad diaria de los operadores.

- Ligados al producto (1.547): incluyen defectos en el etiquetado o presentación de los alimentos.

En cuanto a su distribución por sectores, comidas preparadas y cocinas centrales acumulan el 59,3% del total de irregularidades, seguidos por los establecimientos polivalentes (18,5%), el sector de carne y derivados (8,6%) y el de cereales y derivados (6,5%).

Medidas correctivas

Ante estos incumplimientos, los Servicios Oficiales de Salud Pública han adoptado medidas que van desde la propuesta de cierre del establecimiento hasta la inmovilización de productos, pasando por limitaciones de actividad, intervención de medios materiales, inclusión en redes de alerta o el establecimiento de plazos para subsanar deficiencias.

Castilla y León cuenta con 42.616 establecimientos alimentarios, repartidos entre fabricantes, distribuidores, minoristas y otros agentes. La vigilancia y control sobre ellos es continua, especialmente en el contexto de garantizar la seguridad alimentaria y la protección del consumidor.

FUENTE: ICAL