La investigación policial comenzó en septiembre de 2024, a raíz del testimonio de una víctima que denunció haber sido engañada y traficada desde Colombia hasta Santander, donde terminó siendo explotada sexualmente. A partir de esta declaración, los agentes iniciaron numerosas pesquisas que permitieron identificar una estructura criminal inicialmente compuesta por cinco individuos que, con el tiempo, evolucionó hacia tres ramas independientes, cada una con autonomía para continuar las actividades delictivas, pero manteniendo colaboración entre ellas. Su actividad era itinerante, gestionando pisos de forma temporal o estable en las comunidades autónomas de Galicia (A Coruña), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo y Gijón), País Vasco (Bilbao, San Sebastián, Vitoria), Navarra (Pamplona) y Castilla y León (Burgos, León y Ponferrada).

Captación, engaño y explotación

Las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad, eran captadas en Colombia. El entramado les prometía trabajos bien remunerados o mejoras económicas en nuestro país, y una vez aceptaban, les facilitaban los billetes de avión y una cantidad de dinero para sortear el control fronterizo haciéndoles pasar por turistas.

Al llegar a España, las mujeres recibían instrucciones precisas para llegar a las ciudades donde serían explotadas. Allí, les retiraban el pasaporte e inmediatamente eran informadas de una supuesta deuda contraída con la organización, que oscilaba entre 3.000 y 4.500 euros -aunque una de las víctimas llegó a pagar hasta 8.000 euros-, y que debía ser saldada a través de servicios sexuales. Tras pagar la deuda, y sin otra alternativa de subsistencia, las víctimas continuaban ejerciendo la prostitución con un reparto del 50% del beneficio, motivo por el cual no llegaban a desvincularse de la organización.

Las mujeres estaban obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, sin posibilidad de negarse a atender a los clientes, y eran sometidas a una rotación quincenal entre los pisos que controlaba el entramado, lo que dificultaba su asentamiento y aumentaba su vulnerabilidad.

La investigación también desveló que las víctimas sufrían agresiones físicas cuando se negaban a trabajar, incluso por razones de salud. Además, la organización obligaba al consumo de sustancias estupefacientes para aumentar el tiempo de prestación de servicios sexuales, y ofrecía dichas sustancias como gancho en los anuncios publicitarios que utilizaba para captar clientes.

La red también obligaba a las víctimas a abrir cuentas bancarias en su nombre, que luego eran utilizadas por los miembros de la organización para mover el dinero de forma encubierta, desvinculándose aparentemente de los beneficios de la explotación.

Durante la operación policial se llevaron a cabo registros en siete inmuebles, donde se intervinieron 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y abundante documentación incriminatoria. Además, fueron bloqueadas 10 cuentas bancarias utilizadas por los delincuentes para canalizar los beneficios obtenidos de la explotación sexual.