La Junta de Castilla y León ampliará el servicio de autobús gratuito a todos los ciudadanos empadronados en la Comunidad que soliciten la nueva tarjeta BUSCyL, cuya implantación se generalizará a partir del 1 de noviembre de 2025. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico prevé que el número de viajes anuales supere los 15 millones, frente a los 14,88 millones actuales.

Así lo ha repetido el consejero de Movilidad, José Luis Sanz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, confirmando que el presupuesto anual para este servicio se incrementará desde los 40 millones actuales hasta una horquilla de entre 60 y 65 millones de euros.

La tarjeta BUSCyL estará disponible desde el 1 de junio para menores de 15 años y a partir del 1 de julio para el resto de la población. Permitirá el acceso gratuito e ilimitado a los autobuses metropolitanos e interurbanos gestionados por la Junta, con cobertura en 2.628 rutas. Podrá obtenerse en formato físico o digital (para el móvil) a través de la web oficial www.buscyl.es. También se ofrecerá asesoramiento en el teléfono 012 y en el Centro de Control de Transporte (887 88 15 69).

En cuanto al sistema de funcionamiento, el consejero ha destacado que será directo y sin necesidad de reserva previa. No obstante, ha admitido que se estudian posibles refuerzos puntuales con las concesionarias en caso de picos de demanda.

Sanz ha calificado esta iniciativa como una medida "estudiada, planificada y permanente", y ha aprovechado para criticar al Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, por su gestión del transporte ferroviario en la Comunidad. Según el consejero, el Mapa Estatal de Transporte por Carretera pone en riesgo 474 paradas en 346 municipios, que el Gobierno central considera competencia autonómica.

Ha defendido que no se actualizará el Mapa de Transporte autonómico hasta que se resuelva el conflicto con el Ministerio, al que acusa de dejar a la Junta sin financiación para mantener estas paradas. Sanz ha vinculado esta situación con los acuerdos alcanzados por el Gobierno central con Cataluña, en referencia al traspaso de competencias sobre Rodalies.

Castilla y León ha sido la única comunidad que ha renunciado a las ayudas del Estado para subvencionar el transporte público. Pese a ello, Sanz ha afirmado que los usuarios no se verán perjudicados, ya que la Junta asumirá el 30% adicional del coste de los abonos que hubiera correspondido al Ministerio, alcanzando así un 50% de subvención total.

En cuanto a la posibilidad de aportar fondos para recuperar frecuencias de tren suprimidas en Sanabria, Medina del Campo o Segovia, el consejero ha sido tajante: "Está fuera de lugar".

Ha defendido que es el Ministerio quien debe solucionar un problema que ha creado y ha recordado que la Junta ya es un 'cliente preferencial de Renfe' por su aportación económica a los abonos.

Fuente: EFE