La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publica en el Bocyl la nueva orden por la que establece cambios en el procedimiento para reconocer y calificar el grado de discapacidad. Aunque el propósito inicial de esta norma es ajustarse a lo establecido en el Real Decreto estatal, también introduce una serie de novedades para mejorar la calidad y la agilidad del proceso de valoración.

De los cambios que aplica la Junta de Castilla y León destaca la apuesta por la eliminación de duplicidades innecesarias. Esto sucede cuando una persona en pleno reconocimiento de una discapacidad ya ha pasado previamente por un procedimiento de valoración de su grado de dependencia. La Junta aprueba que en el caso de que existieran informes relativos a este último proceso ya serán válidos y podrán incorporarse al expediente sobre discapacidad para evitar multiplicar el trabajo y demorar la tramitación.

La inexistencia hasta la fecha de un modelo de informe sanitario normalizado dificultaba el trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales, ya que la interpretación de los informes emitidos por los profesionales médicos, en los que se reflejan las dolencias o patologías que puedan sufrir esos ciudadanos, "no es tarea sencilla", señalan. Las consejerías de Familia y Sanidad han trabajado hasta lograr un modelo de informe de salud normalizado y único, que, además, permita a los valoradores de los equipos multiprofesionales de los Servicios Sociales autonómicos fundamentar adecuadamente la valoración de la discapacidad.

Otra gran novedad es el impulso de la historia social única. Ahora los citados valoradores de los equipos multiprofesionales de los Servicios Sociales podrán acceder también durante el proceso de reconocimiento y valoración del grado de discapacidad a toda la información previa existente del usuario en cuestión.

Así la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades echa el cierre definitivo a los medios telemáticos, ya que podrá realizarse una valoración por informes a disposición de los profesionales en el sistema informático para así evitar desplazamientos de personas que, en muchas ocasiones, tienen movilidad reducida.

La Junta recuerda que el pasado año entró en vigor otra orden mediante la que se adaptaban las Unidades de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad a la normativa estatal.