La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un guardia civil a siete años de prisión y a una multa de 4,5 millones de euros como autor material de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, para lo que contó con sus dos hijos como cooperadores necesarios.

Según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), también han condenado a sus dos hijos como cooperadores necesarios a dos años y cinco meses por el blanqueo de capitales y multa también de 4.500.000 euros a cada uno de ellos y ocho meses de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal.

La sentencia considera probado que el cabo de la guardia civil junto con su familia había blanqueado capitales procedentes del narcotráfico creando una estructura económica, societaria e inmobiliaria compuesta por doce empresas y cuatro uniones temporales de empresas, estas últimas con la finalidad de participar en distintas licitaciones públicas.

17 inmuebles

Todo ello, como indica la sentencia, "ha supuesto unas aportaciones dinerarias en concepto de compra de capital social de unos 730.000 euros, habiendo adquirido en el mismo periodo bienes de naturaleza inmobiliaria (diecisiete inmuebles), bien a su nombre bien a nombre de las empresas en las que tienen participación, por importe conjunto mínimo aproximado de 606.000 euros".

Además, explica que existen elementos objetivos que indican que la estructura económica, societaria e inmobiliaria fue financiada, en su mayor parte, mediante una compleja estructura de préstamos privados o capital de terceros, por importe conjunto aproximado de 997.000 euros, "dirigida a enmascarar y servir de justificación a las cantidades invertidas, préstamos que pese su apariencia legal" son pagos "encubiertos realizados con las partidas de dinero en efectivo que se tratan de blanquear".

Coches, viajes y terrenos

La resolución judicial relata las compras inmobiliarias del cabo primero de la guardia civil o de las empresas administradas por sus hijos tanto de parcelas y terrenos como de coches de alta gama, además de los numerosos viajes al extranjero por toda la familia con alojamiento en establecimientos de lujo cuyo reflejo no aparece en las cuentas bancarias de su titularidad y que no se compadece con los ingresos percibidos por los miembros de la familia.

Tampoco hay justificación de los pagos para satisfacer las fianzas impuestas –de hasta 80.000 euros- cuando los hijos fueron detenidos por esta causa.

La sentencia explica que "eran perfectamente conocedores de la anormalidad de la actividad financiera desplegada por su padre, por cuanto la información de la que dispusieron desde un principio ya advertía de la anormalidad de la actuación hasta ese momento desplegada que había motivado la detención e ingreso en prisión de su padre".