La población de lobo ibérico (Canis Lupus Signatus) ha crecido un 26 por ciento desde el último censo nacional elaborado entre 2012 y 2014, según un informe elaborado por la Fundación Artemisan que incluye datos recogidos en las CCAA con presencia de este animal y que ha sido enviado a la Comisión Europea.

De acuerdo con este documento, en la actualidad "se puede hablar de la presencia de unas 400 manadas compartidas entre comunidades autónomas y unas 380 exclusivas", lo que implica una media de 2.800 ejemplares en España.

La mayor parte de estos cánidos se concentra en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, aunque también "consolidan su presencia" en Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid y han sido "detectados con frecuencia" en Aragón, Extremadura y Cataluña, si bien en estas últimas tres regiones no ha podido ser confirmada la existencia de grupos reproductores.

La Fundación Artemisan llama la atención sobre el contraste en el aumento de esta especie "con la pérdida de cerca de medio millón de cabezas de ganado extensivo en las cuatro principales regiones loberas en el mismo tiempo".

Su informe indica que se producen más de 8.000 ataques a ganado extensivo, unos 22 ataques diarios, lo que supone un gasto anual de 3,5 millones de euros en compensación de daños a los ganaderos, además de 4 millones de euros en medidas preventivas.

El texto ha sido remitido a Bruselas atendiendo al reciente llamamiento de la Comisión Europea a comunidades locales, científicos y partes interesadas para presentar, antes del 22 de septiembre, datos actualizados sobre la población de lobos y sus efectos y decidir sobre la posible modificación del estatus de protección del lobo en Europa.

La Fundación recuerda que España ha sido "ejemplo a seguir" en la gestión y recuperación del lobo cuyo mayor incremento poblacional se produjo "antes de su inclusión en el catálogo -en referencia al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)- cuando la especie aún se gestionaba cinegéticamente".

Por ello pide a la Comisión "apostar siempre por la necesaria convivencia" con esta especie pero a través de una gestión acorde con las poblaciones existentes basada en criterios científicos "y no los que han venido rigiendo su gestión en los últimos años" a través de una decisión política "que se tomó con el voto en contra de las CCAA con presencia de lobos".