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La Asociación de Mataderos de Castilla y León (Amacyl) reclama que se eliminen los pagos extra por estar abiertos a partir de las 19 horas, fines de semana y festivos, además del 24 y 31 de diciembre. A su juicio, estos pagos extra deben ser asumidos por la Junta y no por estos centros que deben asumir el coste de tener un veterinario y personal de la Junta.

A este pago extra, hay que sumar, según la actual legislación en relación con el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, Provacuno e Interovic, la aportación económica obligatoria y sistema de recaudación que supone un sobrecoste adicional en el desempeño de su actividad. Unas tasas que deben recaudar los mataderos y que se impuso para fomentar la promoción y consumo de carne. Los mataderos de Castilla y León consideran "injusto" que les obliguen hacer de recaudadores. "El sector ganadero pasa por un momento muy delicado por la subida de los costes de producción y al final es un coste que no se repercute casi nunca y asumen los mataderos", explicó el presidente de Amacyl Javier Roldán.

La Asociación de Mataderos de Castilla y León cree que tras la aparición de los sellos de Tierra de Sabor y la IGP del Lechazo, la labor de promoción se realiza desde estas marcas de calidad reconocida y no es necesario pagar a Provacuno e Interovic unas tasas por cada animal sacrificado. Un euro en el caso de cada cabeza de vacuno y 0,12 céntimos en el caso del ovino. "Son tasas que suponen un sobrecoste muy importante y que se han quedado obsoletas y sin sentido, con la labor de promoción que ya se hace desde las marcas Tierra de Sabor y la IGP del Lechazo", añadió Roldán.

Amacyl solicitará en unos días una reunión con la directora general de Salud Pública de Castilla y León, Sonia Tamames, de la que dependen los mataderos de esta asociación y las asociaciones Provacuno e Interovic.

Un comunicado de la asociación recordó que tras conseguir homogeneizar las tasas que pagan estos centros al nivel de otras comunidades (antes un matadero de Castilla y León pagaba al año unos 8.000 euros más en tasas que los de otras comunidades del país), desean abordar otras reformas normativas "urgentes" para este sector.