El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010), o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior, según la información a la que ha tenido  acceso Ical.

Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León, según aclara el Gobierno, se refiere a cualesquier actuación, incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica sobre el aborto y el Real Decreto que lo desarrolla. De esta forma, indican desde La Moncloa, la Junta tiene un plazo de un mes para contestar.