El PSOE y el PP quieren que el Gobierno realice un estudio para saber si acogerse a medidas de conciliación está perjudicando la carrera profesional de los empleados públicos y que, sí es así, se adopten medidas para poner fin a esa penalización.

Así lo plantean los dos partidos mayoritarios en las propuestas de resolución que ha registrado a un informe del Tribunal de Cuentas que detectó que hasta 2019 la brecha de género entre el personal adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores se situaba en el 37% a favor de ellos, que los embajadores ganan un 13% más que las mujeres y que ellas sólo ocupan el 21% de los puestos mejor pagados.

Ante este panorama, socialistas y 'populares' hacen suyas la mayoría de las recomendaciones del propio fiscalizador y apuestan, entre otras cosas, por difundir las medidas de conciliación, evaluar si quienes se acogen a ellas ven perjudicada su carrera profesional y que, si es así, se tomen medidas para neutralizar ese impacto negativo.

Además, ambos reclaman que se precisen los criterios de valoración que se utilizan en relación con los periodos de excedencia por cuidado de hijos o dependientes en el cómputo de los periodos de permanencia máximos y mínimos en los destinos, "a los efectos de su incidencia en los procesos de provisión de puestos de trabajo".

Según consta en sus respectivas propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, también coinciden en solicitar que el ministerio que ahora dirige José Manuel Albares supla las carencias detectadas por el Tribunal de Cuentas y dote del personal necesario a la Unidad de Igualdad de su departamento.

INFORMAR DE LA SITUACIÓN REAL DE LA MUJER

El PSOE también emplaza al Gobierno a verificar regularmente si se cumple la instrucción de que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres en las distintas actividades. En el caso de Exteriores, le emplaza a conceder la adecuada consideración "al problema de la brecha salarial" detectado y a hacer estudios periódicos "que tengan en cuenta todos los conceptos que supongan compensación económica regular al personal" de Exteriores.

Asimismo, reclama planes de comunicación y formación no sólo para que los miembros del Servicio Exterior tengan conocimiento sobre igualdad de género, sino para que reciban información "fiable y periódica" sobre la situación real de las mujeres en el seno del ministerio.

Con esta iniciativa se pretende atajar la diferente percepción que tienen los hombres y mujeres de este departamento sobre si pertenecer a uno u otro sexo favorece o perjudica laboralmente, ya que, según la encuesta en la que el Tribunal de Cuentas basó parte de su fiscalización, mayoritariamente ellas sostienen que les perjudica ser mujeres para acceder a determinados puestos y ellos opinan lo contrario.

DATOS DETALLADOS

Además de sus propuestas relativas a Exteriores, el PP ha registrado otras que afectan a todo el Gobierno. Así plantea que Función Pública publique periódicamente información estadística que permita realizar un seguimiento "efectivo" de la situación de la mujer en la Administración General del Estado, con datos desagregados sobre su presencia en los distintos entes por niveles de complemento de destino y grupos profesionales.

El PP solicita también que haya más "transparencia" en las retribuciones, que ofrezca información periódica sobre la brecha salarial entre empleados públicos y que se fomente la participación de las mujeres en los procesos selectivos de los cuerpos funcionariales en los que se han encontrado históricamente infrarrepresentadas.

De su lado, Vox plantea medidas de fomento de la natalidad, la conciliación y el apoyo a la familia entre el personal de Exteriores y que en los procesos de selección de la administración en general accedan "aquellas personas con mayor mérito y capacidad, con plena igualdad independientemente de su sexo".