Las gasolineras de bajo coste han planteado al Gobierno medidas para "aliviar las tensiones de liquidez" que la mayor parte de estas estaciones de servicio están soportando con la aplicación del descuento de 20 céntimos por litro de combustible decretado por el Gobierno, que comenzó el pasado 1 de abril.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), patronal de estos establecimientos 'low cost', también aclaró que, tras las primeras semanas de la entrada en vigor de esta normativa, sus socios "no han cerrado ninguna de sus estaciones y que siguen abiertas al público con normalidad".

La asociación mantuvo el pasado 8 de abril una reunión con la Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda y su equipo, "con el objetivo de avanzar en las soluciones a los problemas de implantación" del Real-Decreto Ley 6/2022, que recoge esta bonificación.

En la reunión, Aesae propuso algunas ideas para mejorar su implantación, que confía en que "sean tenidos en cuenta por el Ministerio", y que pasan por, entre otras medidas, buscar una solución al límite de la bonificación de dos millones de euros, "pues esta medida es discriminatoria y perjudica a las empresas con un número de estaciones importante".

Además, la patronal pidió calcular los pagos/anticipos conforme a los datos de ventas de marzo de 2022, en lugar de la venta media mensual de 2021, "ya que este último año estuvo marcado por la pandemia y no representa realmente el consumo en las estaciones", o contemplar la opción de retrasar el pago, sin coste, de algún impuesto (como el de Sociedades, IVA, etc.) a las empresas de distribución de carburantes, "ya que así se podría aliviar las tensiones de liquidez que la mayor parte de las estaciones están soportando en este momento".

Igualmente, urgieron a Hacienda que las empresas del sector cuenten con un formulario con la mayor anticipación posible para que la liquidación de los pagos/anticipos sea "efectiva y eficiente".

El Gobierno, a través de este Real-Decreto Ley, impuso la obligación para las estaciones de servicio de adelantar el importe de la ayuda de 20 céntimos por litro de carburantes -de los cuales 15 céntimos son asumidos por el Estado y los cinco céntimos restantes por las principales petroleras -Repsol, Cepsa y BP-.

El Ejecutivo articuló un mecanismo para solicitar por anticipado el importe estimado que tendrá que bonificar cada compañía, aunque su aplicación no fue inmediata.

Aesae, que integra a una veintena de cadenas, llegó a amenazar con llevar a los tribunales la rebaja por la "responsabilidad patrimonial" del Gobierno en el perjuicio causado al sector por la aplicación de la bonificación. No obstante, de esta